El tripartito rechaza una moción de CiU que pedía "depurar responsabilidades políticas" por el 'caso Claudia'

Actualizado: miércoles, 11 julio 2007 23:03

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tripartito rechazó hoy una moción de CiU que pedía al Govern que "asumiera y depurara las responsabilidades políticas" de la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía, encabezada por Carme Capdevila (ERC), por su "actuación negligente" en la protección de la infancia. La moción, que recibió 61 votos favorables de CiU, PP y C's y 66 en contra del tripartito, se presentó a raíz del 'caso Claudia'.

Esta menor de Tarragona fue ingresada recientemente en un centro hospitalario por presuntos maltratos de su padre, pese a que la Generalitat sabía que Claudia había sido hospitalizada anteriormente por una rotura de fémur.

El año pasado, ya ocurrió un caso similar, cuando Alba, una menor de Montcada i Reixac (Barcelona), sufrió maltratos por parte de la pareja de su madre, después de que también hubiera sido hospitalizada por una rotura de fémur.

Por eso, los nacionalistas consideran que la actuación de la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía ha sido "negligente" en los "diferentes presuntos maltratos infantiles que se han producido últimamente" en Catalunya e instan al Govern a "depurar" las responsabilidades políticas pertinentes.

El diputado de CiU, Josep Lluís Cleries, quien expuso la moción de su grupo, también reclamó al Govern que revise los protocolos del sistema de protección a la infancia y la estructura de funcionamiento de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) --que depende de Acción Social--, tras su última reestructuración.

Además, la federación nacionalista pide la creación del Registro Unificado de Maltratos Infantiles, que se anunció hace un año tras el 'caso Alba'. Otra demanda de CiU es que Capdevila ejerza el "papel central" que le corresponde en la coordinación de su conselleria con otros departamentos del Govern y otras administraciones, como los ayuntamientos, la administración de Justicia o la Delegación del Gobierno.

Los convergentes consideran también necesario que la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía mejore su coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Fiscal jefe de este tribunal.

YA SE HAN ASUMIDO RESPONSABILIDADES.

La principal discrepancia del tripartito con la moción de CiU fue su petición de "depurar" responsabilidades políticas en esta conselleria. En este sentido, la diputada de ERC, Anna Simó, replicó que Capdevila "ya está asumiendo las responsabilidades" que le corresponden, trabajando para mejorar los sistemas de "información y comunicación" en la DGAIA.

Además, Simó señaló que los nacionalistas piden la depuración de responsabilidades políticas en función de una conclusión "que extraen ellos mismos", porque no se ha demostrado que la actuación de la conselleria de Acción Social y Ciudadanía fuera "negligente".

En la misma línea, Carme Figueres (PSC) y Laura Massana (ICV-EUiA) coincidieron al afirmar que el Govern "ya está trabajando" para mejorar los sistemas de protección a la infancia y pidieron a CiU que no haga "alarmismo" porque las cifras no indican un aumento de los casos de maltratos infantiles.

Las fuerzas que dan apoyo al Govern pidieron reiteradamente a CiU que retirara el apartado de su moción que pedía responsabilidades políticas a la Conselleria de Acción Social, para poder votar a favor de ésta, aunque el tripartito también pedía transaccionar otros contenidos de la moción.

Sin embargo, CiU, con el apoyo del resto de grupos de la oposición, se negó a retirar este apartado, que consideraba "fundamental", por lo que el tripartito acabó por votar en contra del texto.

Rafael López (PP) se negó a aceptar que Capdevila ya hubiera asumido responsabilidades políticas con sus actuaciones posteriores al 'causa Claudia' para mejorar los mecanismos de información y coordinación de la Conselleria, como defendía el tripartito.

Por su parte, Antonio Robles (C's) añadió que "no vale tirar balones fuera" y atribuir la responsabilidad de este caso a la "dejación de funciones" del sistema judicial.