El Tribunal Superior de Cataluña procesa a Torra por presunta desobediencia a la Junta Electoral con los lazos amarillos

El instructor constata su voluntad de impedir la retirada de símbolos en periodo electoral El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procesado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por presunta desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos durante la campaña electoral. Según ha informado el TSJC en un comunicado, el magistrado instructor de la causa abierta por una querella de Fiscalía ha finalizado las diligencias y transforma el procedimiento de diligencias previas a procedimiento abreviado. También ha determinado que los hechos investigados pueden ser un presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, de denegación de auxilio a la autoridad competente, y abre el trámite para que las partes presenten petición de apertura de juicio oral a través de escrito de acusación o, en su caso, sobreseimiento. El magistrado de la Sala Civil y Penal ha desestimado también la petición anterior a este trámite de sobreseimiento presentada por el abogado del presidente de la Generalitat. Torra declaró a mediados de mayo durante unos 45 minutos ante el TSJC por esta causa, donde fue acompañado de sus abogados Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas. En su auto, consultado por Europa Press, el magistrado instructor, Carlos Ramos, relata que tras la convocatoria de elecciones al Congreso y el Senado para el 28 de abril, por Real Decreto de 4 de marzo, "todos los poderes públicos --estatales, autonómicos o locales-- estaban obligados a conducirse con estricta objetividad y neutralidad para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos al sufragio igualitario". Por ello, no les estaba permitido "lucir o exhibir en los edificios que fueran sedes de sus respectivas entidades, entre el 5 marzo y el 28 abril 2019, símbolos, emblemas y/o lemas ideológicos o partidistas, entendiendo por tales los identificados con las pretensiones políticas de un grupo o unos grupos particulares de ciudadanos". El instructor constata que los edificios públicos de la Generalitat, presidida por Torra desde el 17 de mayo de 2018, exhibían de forma permanente 'esteladas' y lazos amarillos, solos o en carteles reclamado la libertad de los líderes soberanistas presos, y concluye que "los citados símbolos, emblemas y lemas representan, en esencia, los anhelos de independencia de Cataluña respecto de España y su constitución en forma de república". El TSJC subraya que acuerdos de la JEC --refrendados por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo-- consideran que dichos símbolos pueden ser legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral, pero "no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad, al menos no durante los periodos electorales". En este contexto, al mantener Torra estos símbolos en el periodo electoral, Cs, PP y SCC acudieron a la JEC, que el 11 marzo 2019 requirió a Torra retirar los símbolos en el plazo máximo de 48 horas, cuyo plazo vencía la tarde del 13 de marzo, y también se denunciaron los hechos a la Fiscalía, que se querelló contra Torra el 27 de marzo. Torra presentó ese 13 de marzo un escrito solicitando la reconsideración de la decisión de la JEC, pero el organismo reiteró el 18 de marzo su decisión otorgando otro plazo de 24 horas, por lo que la orden debía cumplirse antes del 19 por la tarde. Ante ello, el presidente catalán presentó ese día un escrito solicitando una aclaración y "arguyendo una pretendida dificultad para su cumplimiento derivada de la multiplicidad y variedad de edificios dependientes de la Generalitat de Cataluña, instando por ello la suspensión del plazo de 24 horas", además de explicar que había solicitado un informe al Síndic de Greuges. "ARGUCIA" Para el tribunal, fue solo "una argucia para no cumplir" con los acuerdos de la JEC de 11 y de 18 marzo 2019, porque, de hecho, Torra ya contaba desde el 15 marzo 2019 con el informe del Síndic de Greuges. El magistrado cita como nuevos ejemplos de la "voluntad obstativa" de Torra tanto unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, como una nota de prensa del Govern expresando la decisión personal del presidente de mantener la pancarta con un lazo amarillo y el lema de 'Llibertat presos polítics' que colgaba del balcón del Palau. El día 21 de marzo, en el Palau, consellerias y delegaciones se substituyó la pancarta de los presos por otra con un lazo blanco sobre fondo blanco cruzados por un trazo rojo, "lo que a todas luces constituye un claro indicio de una acción de incumplimiento que respondía a la misma iniciativa inspirada por Torra".

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