Vall Companys y Les Pedreres no declaran ante el juez por una querella por falsedad y piden archivarla

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Vall Companys, Josep Pedrós, y el presidente de Les Pedreres, Blai Parés, se han acogido este jueves a su derecho a no declarar al comparecer como investigados en el marco de la querella presentada por los hermanos David y Jaime Álvarez Fra por presunta falsedad societaria al apartarles de la gestión de la que fue la mayor distribuidora de jamones de España hasta 2019, Comapa, y han solicitado archivar la causa.

Los dos empresarios del sector alimentario han sido citados ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, por videoconferencia desde Barcelona, en el marco de una querella presentada por la empresa Fleku Treinta, de los hermanos David y Jaime Álvarez Fra, que cuenta con el 27,55% del capital de Osona Intensiva, holding propietario del 100% de la distribuidora Comapa.

Comapa, que fue objeto de denuncias por presuntas irregularidades en la comercialización de jamones, está actualmente en fase de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, y dependía del holding Osona Intensiva con tres socios: Les Pedreres Grup Empresarial, con el 42,61% de participación; Vall Companys, con un 29,84%, y Fleku Treinta, con un 27,55%.

Fleku Treinta defiende en su querella que las otras dos empresas "simularon una junta universal de socios" para modificar los estatutos de la sociedad de manera que dejara de tener un voto de calidad al eliminarse la necesidad de tomar acuerdos importantes con el 75% de los votos, lo que le causó un perjuicio de siete millones de euros.

En cambio, Vall Companys alega que los cambios en el acuerdo entre socios no causaron ningún perjuicio al querellante, y asegura que se acordaron en una escritura pública ante notario el 19 de febrero de 2019 y con la presencia de los representantes de todos los socios de Comapa, incluido David Álvarez Fra por parte de Fleku Treinta, según un comunicado.

QUERELLA

La querella de Fleku Treinta fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada y va contra Josep Pedrós, de Vall Companys; Blai Parés, de Les Pedreres, y el secretario del Consejo de Administración de Osona Intensiva, Carles Molera, por un presunto delito de falsedad societaria, que estaban citados a declarar este jueves y que se han remitido todos a una declaración previa de Molera ante el juzgado granadino.

Según recoge la querella, consultada por Europa Press, los estatutos de la sociedad preveían que para la adopción de acuerdos relevantes como un cambio en el objeto social, aumento o reducción del capital, transformación, fusión, escisión o liquidación, y modificación del régimen de transmisión de las participaciones, era necesario el voto favorable del 75% de socios, lo que hacía indispensable a Fleku Treinta.

Sin embargo, resalta el escrito, el 19 de febrero de 2019 se modificaron los estatutos de Osona Intensiva en una junta universal supuestamente jamás celebrada, lo que según la querella "es un puro delito, una pura y dura conducta criminal", y se hizo para eliminar la mayoría reforzada del 75%, dejando a Fleku Treinta inerme, dicen textualmente.

Afirman que no existió la junta universal de socios ese día que hubiera podido modificar los artículos de los estatutos sociales, y que "nadie, ni representante legal ni apoderado alguno de Fleku Treinta, propietaria del 27,55% del capital social, asistió a tal junta supuestamente universal".

Posteriormente, el 11 de abril de 2019, en otra junta cesaron "contra todo derecho a Fleku como miembro del Consejo de Administración de Osona Intensiva" pese a los votos en contra de Fleku Treinta, por lo que según ellos no hubo la unanimidad requerida.

Según el escrito, las consecuencias para Fleku de estos hechos son "graves" al perder al amparo del quorum reforzado, y genera un perjuicio económico para los querellantes, según su cálculo, de casi siete millones de euros.

"IRREGULARIDADES"

Vall Companys asegura, sin embargo, que los cambios en el acuerdo de socios, que obligaron a que todas las decisiones tuvieran el voto favorable de dicha compañía, "se debieron a una situación de incertidumbre causada por la gestión irregular del director general y director comercial de Comapa, David y Jaime Álvarez".

"La aparición de informaciones sobre irregularidades, a nivel comercial, socavaron la confianza de las entidades financieras en Comapa y esta fue suplida con préstamos a lo largo de 2018 por el Grupo Vall Companys", afirman en el comunicado.

Tras este esfuerzo por posibilitar la viabilidad financiera de Comapa con aportaciones económicas, "se tomaron medidas preventivas y de garantía no solo a nivel operativo del día --cambiaron a los directivos-- sino también a nivel legal con estas modificaciones en el acuerdo entre socios ante notario".

Vall Companys hace hincapié en que, a partir de febrero de 2019, se creó un comité de auditoría interno que empezó a examinar todas las operaciones comerciales de compañía, y se vieron operaciones "irregulares y no sostenibles", por lo que en abril de 2019 se cesó a David Álvarez Fra como director general y a Jaime Álvarez Fra como director comercial.

Según el grupo alimentario, la querella presentada por estos dos exdirectivos de Comapa "obedece a una estrategia cortoplacista y engañosa, en ruspuesta a las acciones que Vall Companys pueda llevar a cabo".