BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de entidades de defensa de los Derechos Humanos ha presentado este miércoles ante el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa un informe que detalla la deriva "policial y represiva" del conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig.
Elaborado por el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPGDH) de la Universitat de Barcelona (UB), el informe insta a este organismo que vela por los Derechos Humanos a que abra una investigación, requiera información a todos los agentes implicados y realice una visita oficial a Catalunya para analizar las respuestas policiales ante las protestas por la crisis.
Redactado bajo el título de 'Criminalización de la disidencia, expansión del sistema penal y situaciones de abuso policial como respuestas delante de la situación de crisis', ha sido presentado por la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) y la Federación de Asociaciones de Vecinos y de Barcelona (Favb), entre otras entidades.
En sus páginas, hace un recorrido cronológico partiendo del desalojo de los 'indignados' de plaza Catalunya de Barcelona del 27 de mayo de 2011 por los Mossos d'Esquadra cuando, a su juicio, comenzó a expandirse "el Estado penal" y el declive del democrático, ha explicado a Europa Press el abogado Andrés García, uno de los impulsores.
También se refieren a las detenciones de participantes en diversos actos de protesta contra los recortes, entre ellos la de la sindicalista de CGT y de dos estudiantes, que estuvieron en prisión preventiva "por presiones políticas", según el abogado.
Casos que, a su juicio, no tienen entidad para adoptar esta medida, pero que se toman con el afán de "generar una situación para que la gente se quede en casa" y se lo piense dos veces a la hora de protestar.
Además, el informe menciona y critica la ya retirada página web de la Conselleria de Interior para delatar vándalos que supuestamente hubiesen participado en disturbios callejeros, y también la reforma del Código Penal que quiere emprender el Gobierno para endurecer las penas por este tipo de delitos.
