CEUTA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El número de familias y empresas de Ceuta que tiene algún recibo de suministro de agua se ha multiplicado por tres durante los últimos cuatro años. Actualmente son 6.300 los clientes de la sociedad municipal Aguas de Ceuta (Acemsa) que acumulan entre 16 y más de 20.000 euros pendientes de pago y han sido incluidos en la relación de citaciones a abonados que se encuentran en proceso de interrupción del suministro de agua potable.
El consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico, Emilio Carreira (PP), ha cifrado en "unos 25.000" los clientes de la empresa pública y en "alrededor de 2,3 millones de euros" el total de impagos, muchos de ellos "de muy dudoso cobro".
En declaraciones a Europa Press, el también presidente del Consejo de Administración de Acemsa ha recordado que el porcentaje de morosos, aproximadamente un 25 por ciento del total de abonados, es "similar" e incluso inferior a la tasa de población local que distintos estudios vienen situando reiteradamente por debajo del umbral de la pobreza o en situación o riesgo de exclusión social.
La relación de abonados particulares y sociedades implicadas en procesos de corte del abastecimiento de agua incluía en 2012 a unos 2.000 clientes y en 2014 ya se había disparado por encima de 4.000.
El tercer grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha tildado de "incomprensible" que "instituciones y equipamientos como la Guardia Civil o el Helipuerto" figuren en la lista de deudores "sin haber recibido un comunicado en sus instalaciones", por lo que ha reclamado un estudio a fondo de los expedientes al entender que "el de agua es un suministro básico cuyo corte debería ser comunicado directamente y no a través del Boletín Oficial de la Ciudad".
Aunque reglamentariamente el plazo para restringir el abastecimiento es de dos semanas a partir del vencimiento de un recibo, Acemsa mantiene una política de laxitud y "negociación" de las deudas pendientes muy flexible antes de proceder al corte del suministro, sobre todo a las familias que figuran en los listados de beneficiarios de ayudas sociales.
El Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) reparte cada año alrededor de un millón de euros, más de doble que en 2011, en prestaciones para el pago de suministros básicos de agua, electricidad o butano.
