CEUTA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un grupo formado por 48 migrantes, todos nacionales de países subsaharianos salvo dos ciudadanos de Bangladesh, han embarcado este jueves desde Ceuta, donde han permanecido acogidos durante los últimos meses tras acceder irregularmente a territorio español, con destino a Andalucía y Castilla y León, regiones en las que serán recibidos por organizaciones no gubernamentales (ONG) que mantiene convenios de colaboración a tal efecto con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, tras la salida de Ceuta de estas 48 personas quedan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) un total de "unos 650 [498 subsaharianos, 113 argelinos y 50 asiáticos]", con lo que su grado de ocupación se sitúa un 20% de su capacidad máxima operativa, fijada en 512 plazas tras su última ampliación.
Los dos varones nacionales de Bangladesh que han podido cruzar el Estrecho son los primeros a los que se permite salir de la ciudad del grupo de 52 migrantes procedentes de ese país, Sri Lanka, Pakistán, India o Birmania que a mediados de noviembre levantaron la acampada en huelga de hambre que sostuvieron durante tres semanas ante la sede de la Delegación del Gobierno.
Los asiáticos exigían "igualdad de trato" con los extranjeros procedentes de los países subsaharianos a la hora de poder salir de Ceuta, ya que mientras estos últimos suelen hacerlo en un plazo medio de entre tres y cuatro meses, ellos acumulaban ya hasta un año en la ciudad española norteafricana, a la que habían accedido por la vía marítima o escondidos en dobles fondos practicados en vehículos tras pagar hasta 7.000 euros por ello.
La Administración General del Estado siempre ha defendido que prima criterios de "vulnerabilidad" a la hora de tramitar la salida de Ceuta de los foráneos que entran irregularmente en ella. Habitualmente quienes más rápido cruzan el Estrecho son las unidades familiares y las mujeres solas.
La senadora andaluza de Podemos Maribel Mora ha presentado una batería de preguntas por escrito al Gobierno de Rajoy en la Cámara Alta para saber, entre otras cosas, "cuáles son las razones para no trasladar a estas personas a la península".
