El exsecretario de Estado de Seguridad niega que ordenara la devolución ilegal de 55 menores marroquíes desde Ceuta

El juicio contra la exdelegada del Gobierno y la exvicepresidenta de la ciudad autónoma ha quedado visto para sentencia tras la intervención de Rafael Pérez, a quienes ambas responsabilizaron de la repatriación

CEUTA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, ha quedado visto para sentencia este jueves, el tercer día de vista, que ha estado protagonizado por la intervención como testigo de última hora del exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien ha negado haber ordenado la aplicación del acuerdo bilateral con Marruecos para repatriar a 55 menores extranjeros no acompañados en agosto de 2021.

Pérez ha declarado por videoconferencia en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, donde ha afirmado que "nunca" se dictó desde su área ninguna instrucción concreta, solo comunicaciones que informaban del marco jurídico existente. "No dimos ninguna orden", aseguró. Añadió que, si el escrito hubiera sido suyo, "lo habría firmado", pero en este caso "fue emitido desde la Secretaría".

Su intervención se ha producido tras la solicitud de la Fiscalía, admitida por la jueza Rosa de Castro, de incluir su testimonio ante las reiteradas referencias a su persona por parte de las acusadas y de otros testigos, como el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en 2021, Juan Hernández. Este último ha afirmado que la orden para ejecutar las repatriaciones "procedía de Rafael Pérez, tras hablar con Marlaska y con la aprobación del presidente del Gobierno".

La vista ha incluido también un careo entre Pérez y Mabel Deu, quien reiteró que sí recibió la comunicación de la Secretaría de Estado con luz verde para activar el acuerdo España-Marruecos de 2007. "Sigo manteniendo que, después de muchas reuniones, siempre se avaló como solución la activación del acuerdo con Marruecos", ha manifestado Deu.

El juicio ha quedado visto para sentencia después de tres jornadas en las que se ha tratado de esclarecer si la repatriación de los menores vulneró la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño al haberse realizado sin expedientes individualizados, sin audiencia, sin asistencia letrada y sin participación del Ministerio Fiscal.

La fiscal jefe de Ceuta, Silvia Rojas, ha mantenido en sus conclusiones la solicitud de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un máximo de 15 años para ambas acusadas por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Durante más de una hora de exposición, Rojas ha argumentado que "no fue solo una negligencia institucional, sino una conducta delictiva". Señaló que Deu y Mateos "ejecutaron las devoluciones con rapidez, sin asesoramiento jurídico y desoyendo advertencias internas". Recordó que la jefa del Área de Menores, Antonia Palomo, alertó reiteradamente de que se estaba actuando fuera de la ley.

Además, ha criticado que no se contara con la Fiscalía hasta el último momento, ni se identificara debidamente a las familias receptoras de los menores. "La Delegación del Gobierno entregó a los niños sin garantías documentales, sin constatar el destino, sin asegurar su protección", subrayó.

En su intervención final, Rojas ha calificado de "gravemente irresponsable" el comportamiento de la Delegación del Gobierno y del Ejecutivo ceutí. "Además de la prevaricación hubo una vulneración del interés del menor. Cosificaron a los menores en una operación ilegal", ha zanjado.