Actualizado 20/08/2007 17:07

La Fiscalía pide las pruebas a una plataforma cívica sobre el presunto fraude en el voto por correo en Melilla

MELILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Plataforma Melillense por unas Elecciones Libres que aporte las pruebas del presunto fraude electoral en el voto por correo en Melilla que denunció a finales de julio el colectivo de asociaciones locales y ciudadanos que conforman esta plataforma cívica.

Según explicó José Alonso, presidente de la asociación Pro Derechos Humanos, que es una de las organizaciones que integran la plataforma, la Fiscalía respondió días atrás que si se consideran que los hechos tienen relevancia penal, toda la documentación que pueda suponer una prueba sea remitida a la Fiscalía General, al Juzgado competente o a la Policía.

Además, la Fiscalía General subrayó que "es firme el propósito de esta entidad de velar para que en todos aquellos acontecimientos en los que el Ministerio Fiscal tiene legalmente atribuida intervención, se ejerciten las acciones que aseguren el debido cumplimiento de las garantías constitucionales y de la legislación vigente".

De este modo, el Ministerio Fiscal responde a la denuncia que presentó el pasado 28 de julio la Plataforma Melillense por unas Elecciones Libres contra el presidente de la Autoridad Portuaria y de la sede regional del Partido Popular, Arturo Esteban, debido a las supuestas "declaraciones intimidatorias públicas" que realizó éste "contra los fiscales" en el caso del 'voto por correo'.

Según esta 'Plataforma Melillense por unas Elecciones Libres', las declaraciones de Esteban en la prensa local sobre la actuación profesional de los fiscales del caso que enjuicia un presunto delito electoral cometido por su grupo político "se encuentran lejos de la sana crítica, y constituyen veladas amenazas e intimidaciones contra estos fiscales, pues incluso se cita la condición de sustituto de uno de ellos, y se insinúan actuaciones para que nunca llegue a ser titular".

Para esta plataforma, se trata de "un acto intolerable más de intimidación contra el personal de la Administración de Justicia de nuestra ciudad" que "afectan a la libertad de su funcionariado y a la Independencia del Poder Judicial".