MELILLA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Melilla ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el presidente melillense, Eduardo de Castro, contra la decisión de Ciudadanos (Cs) a nivel nacional de expulsarle del partido y exigir a la Asamblea su cese como parlamentario para que pase a ser considerado "diputado no adscrito" y con ello la pérdida de todo cargo electivo.
Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ha denegado la medida en la que De Castro exponía que el acuerdo de Cs atentaba contra cuatro de sus derechos fundamentales: asociación, participación en los asuntos públicos, acceso a cargo público y presunción a la inocencia, los cuatro recogidos en los artículos 22, 23 y 24 de la Constitución Española.
La decisión judicial fue adoptada el pasado 5 de agosto, pero no ha sido hasta este viernes, ocho días después, cuando se ha conocido, lo que ha provocado que el PP haya solicitado su inmediata dimisión por "mentir a los melillenses" después de que se haya celebrado durante este tiempo una Mesa de la Asamblea y un Pleno, donde se le ha preguntado por este recurso y, sin embargo, el presidente de la Ciudad no desveló la desestimación de las medidas cautelarísimas.
El vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado del PP, Daniel Conesa, ha considerado que lo ocurrido "es de una falta de vergüenza absoluta porque ha engañado a la Mesa y a todo el mundo". A juicio del principal grupo de la oposición en la ciudad española del norte de África, el presidente del ejecutivo que integran CpM, PSOE y el diputado de Cs "debería presentar su dimisión de manera inmediata" porque "no nos merecemos un presidente y un gobierno que nos mienta de manera tan descarada".
En cambio, el presidente de la Ciudad, Eduardo Castro, ha justificado su decisión de no desvelar el fallo judicial con el que ha intentado parar su expulsión de Cs porque el recurso lo presentó "a título personal" y no como presidente o político, porque considera que "se han vulnerado mis derechos fundamentales", y, por ello, asegura que "no estaba obligado" a informar a la Mesa ni al Pleno.
