CEUTA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El titular accidental del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha rechazado otra vez por "riesgo de fuga" y ya van cinco, tres en primera instancia y dos en la Audiencia Provincial, la petición de puesta en libertad planteada por la defensa del que fuera diputado regional del PP y viceconsejero del Ejecutivo autonómico, Antonio López, en prisión provisional desde mediados de febrero como principal acusado del 'caso Emvicesa', que pretende aclarar la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial (VPO) en la ciudad a cambio de dinero.
En su auto desestimatorio, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, el juez recuerda que López "está siendo investigado por distintos delitos" por los que podría enfrentarse hasta a "un total de 14 años de prisión", entre ellos prevaricación, malversación, cohecho e integración en organización criminal.
"Tal como ya dijo la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en su último auto de septiembre de 2017, si bien el riesgo de fuga no es exponencial es suficientemente alto como para desestimar el recurso de apelación", considera la resolución, que considera que la defensa de López no ha alegado "nada nuevo" para interesar un cambio en su situación personal. "Al concurrir a día de la fecha ese riesgo de fuga", termina, "es por lo que procede desestimar la petición de libertad solicitada".
Los abogados de López, que fue detenido el 14 de febrero en Marbella, pueden ahora presar un recurso de reforma ante el mismo Juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz. El que también fuera gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa), permaneció dos semanas en la cárcel de la ciudad autónoma y posteriormente fue trasladado a un centro penitenciario de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde continúa.
Su defensa ha intentado sin éxito recusar a la magistrada que instruye la causa, abierta ya hace más de tres años tras una denuncia de la ex consejera de Fomento del Gobierno de Ceuta, Susana Román (PP), que también figura como investigada, por la publicación en la prensa local de una lista de adjudicatarios de 317 viviendas públicas a la que la Administración negó validez.
