Un intento de entrada por mar en Melilla. Archivo. - GUARDIA CIVIL
MELILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el rechazo en frontera no puede aplicarse a las personas interceptadas en el mar frente a Ceuta y Melilla tendrá un "impacto directo" en la labor de los agentes destinados en ambas ciudades autónomas.
Según ha informado la organización sindical, "la aplicación de esta resolución obligará a tramitar cada intervención mediante el procedimiento ordinario previsto en la legislación de extranjería, lo que implicará la realización de diligencias policiales, la identificación de los migrantes, la prestación de asistencia letrada, la intervención de intérpretes y la comprobación de posibles solicitudes de protección internacional".
El SUP ha sostenido que este incremento de las exigencias administrativas y jurídicas "recaerá principalmente sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial e Información, que, según afirma, ya trabajan con una carga de trabajo superior a su capacidad operativa·.
En este contexto, el sindicato considera que, si el Estado incrementa las obligaciones legales sin reforzar las plantillas y los recursos materiales, "los servicios policiales afrontarán una mayor saturación y verán reducida su capacidad de respuesta".
Asimismo, el SUP ha advertido de que "las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas adaptan sus estrategias en función de los cambios normativos y operativos", por lo que entiende que unos procedimientos de devolución más largos "podrían influir en la planificación de las rutas utilizadas por estas redes".
Por ello, el sindicato policial ha reclamado que cualquier modificación del marco jurídico vaya acompañada de un refuerzo efectivo de los recursos humanos y materiales destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También solicita una política migratoria "coherente y eficaz" que, a su juicio, permita compatibilizar el respeto a la legalidad con la seguridad en las fronteras y la capacidad operativa de los agentes.