MADRID, 3 Sep. (CHANCE) -
Este viernes se ha hecho público que la Fiscalía habría pedido información a Suiza sobre el origen de la fortuna del Rey Juan Carlos, apuntando a que el Emérito habría cobrado comisiones internacionales de forma ilegal y con ello podía haber incurrido en delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.
Unas acusaciones a las que el exjefe del Estado ha respondido a través de un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez Junco, en el que denuncia que se ha vulnerado la "presunción de inocencia" del monarca con estas "graves afirmaciones".
La nota de prensa del letrado del Emérito indica que "en esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice".
"Por ello, tales afirmaciones conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano y se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente a S.M. el Rey D. Juan Carlos, que está sometido a una investigación por parte de la Fiscalía desde hace más de un año", ha señalado Sánchez Junco.
Además, hace hincapié en que "dicha solicitud de asistencia judicial no es pública". "Así pues, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que nos conste hayan sido comunicadas a parte alguna", recalca, 'denunciando' una filtración interesada de esta petición de información a Suiza.
Sánchez-Junco manifiesta que se ha visto obligado a hacer estas "puntualizaciones" tras la noticia que ha trascendido este viernes, de que la Fiscalía General del Estado ha cursado diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, para avanzar en las diligencias en torno al Rey emérito y poder "confirmar o descartar" los indicios delictivos que ya tiene sobre el origen de la fortuna de Juan Carlos I o "incluso abrir otras vías de investigación con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor".