El Gobierno retira el recurso contra la Ley andaluza de células madre y "levanta el freno" a las investigaciones

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central y la Junta de Andalucía anunciaron ayer la retirada de sus respectivos recursos de inconstitucionalidad que afectaban a la investigación con células madre procedentes de embriones sobrantes de procesos de fecundación 'in vitro', abriendo el camino para que los científicos aborden las posibilidades que ofrece este campo.

En lo que se refiere al Gobierno, su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy tras la reunión del Consejo de Ministros la retirada el recurso de inconstitucionalidad planteado por el anterior Ejecutivo del PP contra la Ley andaluza por la que se regula la investigación con preembriones humanos sobrantes de procesos de fecundación 'in vitro'.

La vicepresidenta, que recordó esta investigación con preembriones "estaba paralizada" en Andalucía desde que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso, explicó que la decisión adoptada hoy "significa que, a partir de este momento, se levanta el freno para que en Andalucía se pueda investigar con preemebriones humanos no viables para fecundación in vitro".

Poco después, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anunció que el Ejecutivo andaluz ha dado orden a sus servicios jurídicos de retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley estatal de Reproducción Asistida y el conflicto de competencias presentado ante el desarrollo reglamentario de dicha ley.

Tras valorar como "una gran noticia" el anuncio del Gobierno central, Zarrías indicó a Europa Press que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "ha obrado con absoluto rigor jurídico" retirando su recurso de inconstitucionalidad, que "invadía claramente las competencias de la Junta de Andalucía en materia de investigación".

"Cesa uno de los agravios y una de las injusticias que el PP cometía con Andalucía" señaló el consejero de la Presidencia para indicar que el anterior Ejecutivo del PP "aunque no impedía la investigación con células madre en Andalucía, sí tenía como objetivo obstaculizar esa investigación o evitar que se realizase en Andalucía".

En la misma línea, la nueva consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, calificó de "excelente y esperado" el anuncio realizado hoy en Consejo de Ministros y recordó que "éste fue uno de los principales compromisos electorales ofrecidos por Zapatero".

"A partir de este momento, el freno a la investigación, además de levantarse, se verá ampliado, ya que tenemos pendiente reforzar las actuales líneas de investigación que estamos llevando a cabo en nuestra comunidad autónoma".

VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS

El recurso presentado por el Gobierno del PP contra la legislación andaluza fue admitido a trámite el pasado 15 de enero por el Tribunal Constitucional, lo que supuso, al tratarse de un recurso del Estado contra una ley autonómica, la suspensión de la entrada en vigor de la citada Ley durante un periodo no superior a los cinco meses.

Con esa decisión, el Constitucional atendió la petición formulada de forma expresa en el recurso del Ejecutivo 'popular' para que la Ley impugnada no fuera aplicada hasta que existiera una resolución.

De hecho, según establece el artículo 161.2 de la Constitución, el Alto Tribunal tiene que ratificar o levantar la suspensión cautelar decretada antes de que transcurran los cinco meses.

El Gobierno del PP decidió recurrir la mencionada norma autonómica el pasado 28 de noviembre por considerar que "menoscaba las competencias del Estado" en materia de investigación. En concreto, estimó que la Ley andaluza iba en contra de las competencias que ostenta el Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica, técnica y de sanidad, de acuerdo con el articulado de la Constitución.

A juicio del Ejecutivo que encabezaba José María Aznar, la ley aprobada por el Parlamento andaluz "intenta determinar el concepto de preembrión no viable y regular el régimen de su destino a fines de investigación, determinación que sólo corresponde realizar al Estado".

El Ejecutivo anterior añadía en su exposición que la mencionada Ley de Andalucía vulneraba la normativa estatal al respecto, la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 1998, que fue modificada también en noviembre para hacer posible la investigación con células madre procedentes de embriones humanos no viables sobrantes de técnicas de fecundación 'in vitro'.

Actualmente, la normativa estatal permite estas investigaciones, aunque establece una serie de condiciones. Así, prohíbe la creación de embriones con fines de investigación y establece que sólo se podrán usar aquellos que se encuentren congelados en las clínicas sobrantes de las técnicas de reproducción 'in vitro' hasta la entrada en vigor de la ley. Además, este tipo de investigaciones deberá ser coordinada por un centro nacional dependiente del Ministerio de Sanidad.

LOS RECURSOS ANDALUCES

Este mismo mes, el pasado 1 de abril, el Constitucional admitía también a trámite el recurso promovido por la Junta de Andalucía contra la reforma de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que abre la puerta a las investigaciones con células madre embrionarias.

Esta admisión a trámite se sumaba a la de otro recurso en el mismo sentido presentado por el Parlamento andaluz contra la misma Ley y notificado a principios del pasado mes de marzo. Actualmente se desconoce si será retirado, aunque es previsible que así sea, en virtud de la mayoría parlamentaria del PSOE en la comunidad.

El Gobierno andaluz decidió recurrir la Ley el pasado 17 de febrero al entender que "vulnera las competencias autonómicas en materia de investigación reconocidas en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía".

En concreto, el Ejecutivo que preside Manuel Chaves entendía que, respecto a los embriones almacenados sobrantes de procesos de reproducción 'in vitro' que podrían utilizarse para investigación, "esta norma invade las competencias autonómicas, ya que adjudica al Gobierno central potestades para fijar las opciones de destino, delimitar los procedimientos de consentimiento informado y establecer las condiciones de uso de las estructuras biológicas y de descongelación", lo que "puede suponer un freno para el desarrollo efectivo de las investigaciones con células madre en España".

El recurso también cuestionaba las funciones de gestión que se asignan al Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa sobre trasplantes, "por constituir una clara injerencia en el ámbito competencial de la comunidad autónoma".

Además, el Gobierno andaluz consideraba que, al permitir investigar sólo con los preembriones sobrantes de procesos de reproducción 'in vitro' almacenados en las clínicas antes de su entrada en vigor, prohibiendo investigar con los generados con posterioridad, que sólo podrán ser utilizados con fines reproductivos, establece "un doble criterio ético sólo en función del momento en que se generen".

Este recurso de la Junta se sumó al presentado por el Parlamento andaluz contra la misma Ley, admitido a trámite hace un mes, y al interpuesto el pasado 15 de enero por el Gobierno central contra la ley andaluza sobre investigación con preembriones humanos aprobada en octubre de 2003.

Al igual que ocurrió con el recurso de la Junta, el del Parlamento andaluz fue presentado el pasado 5 de febrero por el presidente de la Cámara autonómica, Javier Torres Vela, al considerar que esta norma invadía las competencias de la Junta andaluza en materia de investigación.