MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Científicos de seis Organismos Públicos de Investigación (OPIs) han enviado esta semana tres cartas dirigidas a los ministros de Educación, Economía y Hacienda para pedir que se fijen los mismos criterios para obtener los denominados "complementos a la productividad" en todos los centros de investigación, según establece la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en 2011 y que, según exponen, no se aplica.
Según ha asegurado a Europa Press la investigadora Marina Albentosa, del Instituto de Oceanografía Española (IOE), la Ley establece que la actividad científica debe ser evaluada por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), organismo externo que depende de Educación, pero en algunas OPIs, como es el caso del IOE, este complemento salarial se adjudica desde el propio centro y "de forma un poco discrecional".
"No existe ningún criterio ni comisión externa que haga esa valoración", se queja la investigadora, que indica que existe una "brecha salarial tremenda" entre un investigador del CSIC o de las universidades --cuya actividad sí se realiza de forma externa-- con la de un OPI, pues Albentosa señala que un investigador de un OPI puede llegar a cobrar unos 800 o 900 euros menos.
La investigadora, que lidera la iniciativa, ya se puso en contacto con la secretaria de Estado de I+D+i a finales de febrero de 2017 para informar sobre esta situación. Según comenta la científica, la secretaría argumentó que la Ley no podía aplicarse porque necesitaba de un Real Decreto, que fue elaborado por la Secretaría en 2014 y, según añaden los firmantes, fue parado por Hacienda. Este borrador regulaba las retribuciones del personal investigador de los OPIs.
Precisamente, el 31 de enero de 2017, Ciudadanos presentó una proposición no de ley (PNL) al Congreso instando al Gobierno a que diera cumplimiento a la Ley, mientras que el PSOE presentó una PNL en el Congreso el 1 de febrero de 2017 en términos similares y proponiendo un plazo de tres meses. Según ha señalado a Europa Press la investigadora, los científicos que apoyan la petición denunciarán ante los tribunales europeos esta situación.
