La fundación Hay Derecho: "No estamos en manos de los mejores, sino de la mediocridad"
VALNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El 53% de los máximos responsables de empresas públicas valencianas, en sectores claves como las empresas de gestión de aguas, transporte o medios de comunicación, suspende en mérito y capacidad, lo que demuestra que "no estamos en manos de los mejores, sino de la mediocridad".
Esta es la principal conclusión de la investigación realizada por la Fundación Hay Derecho "El Dedómetro" que analiza, a través de la recogida y análisis de datos públicos, el nivel de politización y amiguismo en la designación de los máximos responsables de 63 currículums de 30 entidades de la Comunitat Valenciana a lo largo de 10 años y que se ha presentado este jueves en la Agencia Valenciana Antifraude.
Al respecto, la directora de la Fundación Hay Derecho, Safira Cantos, ha advertido de que las empresas públicas se han convertido en un "intercambio de cromos" en manos de los políticos para "colocar" en sus puestos directivos a personas por "amiguismo" y "devolver favores", a pesar de ser entidades técnicas que gestionan presupuestos medios en la Comunitat de 48 millones.
Por contra, la Agencia Valenciana Antifraude, dirigida por Joan Llinares, es la que obtiene la mejor puntuación de todas las entidades analizadas, del total de 101 currículums de directivos analizados en 43 entidades de Madrid y la Comunitat Valenciana.
En ese sentido, ha apuntado que estas instituciones públicas deberían ser dirigidas por un gestor seleccionado en un proceso "abierto, transparente y en régimen de concurrencia competitiva" para elegir al mejor talento y evitar la corrupción, pero la realidad es bien distinta : Obtienen un 4 de media y la situación no mejora en los años, algo que "nunca" ocurriría en el sector privado.
Así, ha señalado que cuando las personas son nombradas por su competencia "van a volcarse para dar lo mejor de sí en ese desempeño", pero "si, por el contrario, han sido nombrados mediante favor político, saben que tendrán que devolverlo o serán cesados cuando no respondan a la misma correlación de fuerzas. Y esto expulsa el mejor talento de la sociedad".
El responsable de datos de la Fundación Hay Derecho, Rafael Rivera, explica que el estudio se basa en cuatro parámetros: la independencia -relación histórica con partidos políticos-, la formación, la experiencia profesional -general, en la materia y en gestión- y la permanencia en el puesto, algo "esencial" para poder desarrollar estrategias en el tiempo.
Sin embargo, hay "una altísima rotación". Un ejemplo, en Ferrocarrils de la Comunitat Valenciana, que maneja un presupuesto de unos 80 millones, han pasado seis personas en la última década y con "un cualificación baja". "Estos señores lo que tienen que hacer es gestionar una red de metro y de ferrocarriles. No es nada político, no hay trenes de izquierdas y de derechas", ha recalcado.
Asimismo, ha advertido de que "la opacidad" en estas instituciones está "muchas veces relacionada con la falta de mérito de sus líderes" cuando "aquí hay que venir enseñado". Así, el 80% incumple al menos una de las obligaciones legales: el 33% no muestra el currículum de sus máximos responsables o lo hace de manera incompleta, con una ocultación de su pasado político; el 47% de las entidades no publica sus salarios, y el 13% no publica información contable.
Incluso una de ellas, Espacios Económicos y Empresariales, con cuatro empleados y un presupuesto de 94 millones no cuenta siquiera con web propia donde alojar la información que la ley exige publicar. Por contra, solo seis entidades cumplen íntegramente con la normativa de transparencia y las seis son valencianas.
SIN EVOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA
Al respecto, ha lamentado que esta situación se repite tanto en el anterior estudio estatal como en las dos comunidades analizadas y no ha evolución en la última década. Así, ha mejorado la formación y la experiencia profesional, pero baja las relaciones políticas, la experiencia en la gestión y la permanencia en el puesto.
"Los puestos cada vez están más politizados, y también la permanencia en el puesto que cada vez es más corta. Son dos síntomas muy preocupantes", ha advertido. Los resultados, sin embargo, mejoran en el caso de las entidades públicas que cuentan con una normativa de selección que concreta el proceso y el tipo de experiencia profesional requerida para el puesto.
En concreto, ha apuntado que en la Comunitat Valenciana hay "una pequeña mejoría" entre gobierno del PP y del Botnic, pero "no grandes diferencias" y al respecto ha matizado que cuanto más atrás en el tiempo "más difícil es recoger información".
Asimismo, han apuntado una hipótesis que hay que corroborar: En los gobiernos de coalición hay una "pequeña mejora" porque "hay que negociar, hay más candidatos disponibles por una parte y por otra, se produce cierta competencia saludable que obliga a que los gestores sean elegidos con un poco más de criterio".
Así en Madrid, en la etapa de mayoría absoluta del PP estaba por debajo del 4 y en la época de CS subió a una media del 6; mientras que en el caso de Generalitat, en el primer acuerdo de Botnic "se situaba en torno a un 5 y pico, y un 5 raspado también en el segundo acuerdo".
Por todo ello, la directora de la Fundación Hay Derecho exige que haya procesos de selección y que se objetivicen los requisitos mínimos que deben cumplir los candidatos; que en aras de garantizar la transparencia se normalice la publicación de los currículums de los directivos y la información que deben contener; así como se publicite la evaluación de la gestión porque "ayudará a que los que nombran y cesan a los gestores de estas empresas públicas tengan que dar explicaciones".
