VALNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Acció Cultural del País Valenci (ACPV) ha puesto en valor el "éxito" de la aprobación de la nueva Ley de Función Pública Valenciana este jueves, que hace que la jornada sea "un día de celebración para los partidarios de la democracia, del servicio público, de la igualdad lingüística y del bien común por encima de corporativismos y privilegios".
Así se ha pronunciado después de que el pleno de Les Corts Valencianes haya aprobado este jueves la ley de la Función Pública con los votos a favor de las tres fuerzas del Botnic (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) y en contra de la oposición, tras un bronco debate en el que se llegó al insulto a cuenta del requisito lingüístico.
ACPV ha señalado que la competencia lingüística para el acceso a la función pública valenciana es una reclamación que lleva defendiendo desde hace años y, en un comunicado, ha lamentado que, a pesar de que la Comunitat tiene dos lenguas oficiales, los valencianoparlantes sufren "situaciones de discriminación porque la administración pública, que teóricamente es de todo el mundo que paga impuestos y también teóricamente tiene que tratar por igual todos los ciudadanos, no entiende el valenciano".
"La función pública no es un privilegio, no es un trabajo privado; es un servicio público. Y ante la administración, somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes tenemos derechos (cuando menos, en una democracia). Además, es razonable pedir que la administración cumpla la legalidad y que, consecuentemente, si hay dos lenguas oficiales, sea capaz de atender en ambas", ha expuesto.
No obstante, ha afirmado que "hasta ahora, los intereses partidistas antivalencianos se han resistido a perder privilegios y a dejar de discriminar a la población valencianoparlante". "Ya es hora que la administración valenciana respete la ley, la oficialidad del valenciano y los derechos de los valencianoparlantes", ha señalado.
En esta línea, ha remarcado que "si el servicio público es realmente un servicio, la persona que ejerce la función pública tiene que poder relacionarse con cada ciudadano en la lengua oficial que este último decida usar".
ACPV ha incidido en que fue en diciembre del año 2016 cuando se presentó un acuerdo entre sindicatos, partidos y entidades, pero que durante cinco años "intereses corporativos de sectores que no entienden la función pública como un servicio a la ciudadanía, sino como un privilegio social, han intentado impedir su traducción en ley".
"Y de este intento han sido cómplices partidos antivalencianos y partidos más atentos a esos intereses corporativos que al interés de la mayoría, lo cual tiene que ver con el fin de privilegios y discriminaciones", ha añadido.
Así, ha resaltado que la aprobación de la nueva norma es "un día de celebración para los partidarios de la democracia, del servicio público, de la igualdad lingüística y del bien común por encima de corporativismos y privilegios".
"ACPV quiere reconocer públicamente el trabajo de tantas personas que, de manera discreta, han trabajado en positivo durante años para hacerlo posible", ha expresado.
REGLAMENTO DE APLICACIÓN
Para la entidad, "ahora hace falta solo un último paso": "La fijación de un plazo concreto y no aplazable para aprobar un reglamento para la aplicación de una Ley que, sin reglamento, quedaría en letra muerta".
"El reglamento tendría que perfilar, sencillamente, qué nivel de valenciano tendría que tener quien pretenda acceder a una plaza en la función pública valenciana, porque es evidente que no todos los cuerpos piden el mismo nivel de conocimiento, y no es igual una plaza de atención al público que una que no lo sea, y por lo tanto puede haber niveles de simple dominio pasivo".
ACPV ha manifestado que "se alegra antes que nada por el éxito finalmente logrado" y "se compromete públicamente a continuar trabajando, de manera pública cuando así lo considere necesario, o de manera discreta cuando entienda que es más eficaz, para conseguir el último objetivo de la aprobación del Reglamento de la Ley de la Función Pública y, así, poner fin a la discriminación del valenciano en la relación con la administración propia".
