VALENCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, pidió hoy crear una comisión mixta autonómica para controlar el seguimiento del calendario de aplicación de la Ley de la Dependencia, con el objetivo de "ajustar las previsiones establecidas en el Libro Blanco de la Dependencia a la realidad de la Comunitat Valenciana".
Giménez explicó que este comité debería contar con presencia de las dos administraciones vinculadas a la aplicación, pero también con los representantes de las empresas que operan en el sector, para tratar de estudiar "modelos transitorios" que permitan "aunar las cifras reales en la que nos estamos moviendo y las previsiones estatales", así como "la integración de las plazas actuales en la futura red pública", según informaron hoy fuentes de la asociación en un comunicado.
Para el presidente de la patronal, hay que tratar de encontrar "caminos conjuntos" entre el Libro Blanco de la Dependencia, que cifra en 20.000 las solicitudes en la Comunitat para 2007, y las estadísticas de personas valoradas de la Generalitat Valenciana, que ascienden a 56.000 personas.
Los ciudadanos, agregó, "lo que necesitan es que se aporten soluciones y se implanten modelos de actuación" que permitan, aunque sea con plazos más largos, que toda persona en situación de dependencia "acceda a una plaza o servicio de los disponibles actualmente, o bien entrar en listas de espera para los futuros recursos".
El presidente de Aerte afirmó que el objetivo de esta comisión será "fiscalizar y asegurar la correcta aplicación de la Ley", con la presencia de todos los actores públicos y la iniciativa asociativa del sector, para que la norma "garantice la ayuda, mediante algún recurso o servicio, a las cerca de 155.000 personas dependientes previstas por la administración al finalizar el período de aplicación progresiva de la ley, en el año 2014".
Asimismo, Giménez insistió en que esta comisión permitiría también "asegurar que, tal y como reconoce la Ley de la Dependencia, todos los ciudadanos en situación de dependencia tengan derecho a una plaza asistencial --centro o servicio-- atendidas por profesionales y cuidadores especializados".
Así, la correcta aplicación de esta norma permitirá ayudar a un 3,1 por ciento de la población de la Comunitat. Un 19,9 por ciento de personas mayores tienen alguna discapacidad y hay un 6,6 por ciento de personas con enfermedad mental crónica en esta autonomía, según Giménez.
El calendario del Gobierno central para hacer efectivo el derecho a las prestaciones de dependencia establece que en 2007 se debía aplicar a las personas valoradas con un Grado III de gran dependencia, niveles 2 y 1; en 2008-2009 a los de Grado II de dependencia severa, nivel 2; en 2009-2010 a las personas valoradas con Grado II de dependencia severa, nivel 1; en 2011-2012 a los de Grado I de dependencia moderada, nivel 2 y en 2013-2014 a las personas valoradas con un Grado I de dependencia moderada, nivel 1.
