La Generalitat, afectada en Ciegsa, reclama seis años de cárcel para Caturla y cobrar una indemnización de un millón de euros
VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia Valencia Alfonso Rus y otros seis años para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) por los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa.
Así se desprende de la calificación del ministerio público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.
La jueza acaba de abrir juicio otra contra Rus, Rubio --en prisión desde el sábado por el caso Azud-- y otras 24 personas más por este procedimiento, entre ellos, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.
El fiscal atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.
Para Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.
Al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión; mientras que la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se enfrentan a otros seis años de cárcel.
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el procedimiento de los 'zombies' de Ciegsa, solicita una pena de seis años de prisión para Caturla por un delito continuado de malversación de caudales públicos, además de 20 años de inhabilitación. Para los 'zombies' pide cuatro años de cárcel. Y una indemnización conjunta y solidaria de 1.042.637 euros.
RUS, SUS FINES Y SUS "COMPINCHES"
En el escrito de calificación provisional del fiscal se describe cómo funcionaba la presunta organización delictiva y advierte de que Rus, una vez alcanzado el objetivo de ser presidente de la Diputación, comenzó a organizar Imelsa "para sus propios fines y los de sus compinches, tanto de partido, como personales".
Así, nombró a Benavent como gerente de la empresa pública, que había sido concejal de Xàtiva durante su mandato --fue alcalde de la localidad--. Ambos han sido investigados por haber realizado operaciones de recaudación de dinero al margen de cauces legales amañando adjudicaciones de contratos públicos.
Rus también "colocó" a su "amigo" Llopis como su jefe de gabinete quien, en unión de Caturla, conformaron un acuerdo de voluntades para conseguir sus propósitos delictivos al margen de cualquier principio de gestión pública que debía presidir su actuación, "configurándose Rus como el jefe y cabecilla de la organización, dado que estas personas ya venían actuando como un grupo organizado con la finalidad de servirse de los puestos públicos que ostentaban y repartirse los beneficios obtenidos, siendo Rus el que otorgaba beneplácito de sus actuaciones en los distintos organismos públicos en los que habían intervenido".
"CLIENTELISMO POLÍTICO Y PERSONAL"
Como consecuencia de esta organización y "con clara finalidad de clientelismo político y personal", utilizaron Imelsa para repartir favores, "utilizaron los fondos públicos de la misma en contrataciones de personas que no respondían a un verdadero ejercicio de funciones dentro de la sociedad, distribuyendo el dinero público de forma gratuita con el perjuicio que ello supone para las arcas públicas".
Para conseguir esta finalidad, agrega el fiscal, cooperaron también Escrihuela y Monblanch, los cuales, "sabedores de esta situación de abuso e instrumentalización de una empresa pública", ayudaron "eficazmente" a la consecución de los propósitos delictivos de la organización criminal creada, "obteniendo un beneficio económico ilícito a cargo de los fondos públicos".
Las personas contratadas bajo las órdenes de los acusados sabían que no iban a realizar ningún trabajo en Imelsa y que su contratación respondía a diferentes intereses personales, profesionales o de partido de Rus, Benavent y Llopis.
En Ciegsa ocurría algo similar. Según el fiscal, en esta segunda empresa pública había un "absoluto descontrol" y un "acuerdo de voluntades para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo".
Se valían también de Benavent, persona vinculada a Rus, quien lo colocó de intermediario recaudador para hacer efectivos su ideación criminal de servirse de la empresa pública donde se encontraba Caturla.
"Uno de los objetivos de la organización era contentar políticamente determinadas voluntades, realizando para ello, entre otras cosas, contrataciones ficticias de personal, las cuales no respondían a un interés público, sino a los intereses de dicha organización, de tal forma que, bien por favores políticos, bien por su propio interés, se pagaban retribuciones desde Ciegsa a personas que no realizaban ninguna función", advierte el fiscal.
Así, siguiente las órdenes de Rus, con el "completo conocimiento y aceptación" de Llopis, Caturla contrató durante su época de consejero delegado en Ciegsa al menos a cuatro personas "sabedor de que no iban a desempeñar ninguna función dentro de la empresa y produciendo un desvío de fondos públicos en beneficio personal de los acusados".
Estas personas, concluye el ministerio público, al igual que las contratadas en Imelsa, no realizaron ningún trabajo en la empresa pública, "todos ellos, afiliados o simpatizantes del PP o conectados personalmente con Caturla o con alguno de los otros miembros de la organización".
