El ex primer edil y otras dos personas más se enfrentan a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público
VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juicio que iba a arrancar este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia contra el exalcalde 'popular' de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares, y dos personas más, ha sido aplazado hasta mañana al abstenerse la presidenta de estudiar el caso por incompatibilidad, ya que cuando se inició el procedimiento --en 2013-- fue la que dictó en el juzgado --en ese momento estaba en instrucción-- el auto de incoación.
La vista se había iniciado hoy, tal y como estaba previsto, y mientras las partes --acusaciones y defensas-- exponían sus cuestiones previas, la ponente se ha percatado de que el caso se remonta a 2013 en un juzgado de instrucción en el que ella trabajaba en ese momento.
Por este motivo, ha pedido comprobar si ella había participado en algún momento en la instrucción de la causa, y se ha notificado que así fue, puesto que dictó el auto de incoación en noviembre de 2013 y llevó la instrucción durante un año. Esto es causa de abstención, con lo que ha suspendido el juicio y se retomará mañana con otra ponente, Concepción Ceres.
El juicio se dirige contra el que fuera alcalde de San Antonio de Benagéber entre los años 1997 y 2015; el exsecretario interventor de la misma localidad y el exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y abogado en activo, José Antonio Sancho Sempere.
Los tres se enfrentan a nueve años de inhabilitación de la administración local --tal y como reclama provisionalmente el ministerio fiscal-- por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Según se desprende de la calificación, Sempere asumió desde 2003, de manera exclusiva, la representación procesal del Ayuntamiento de San Antonio en distintos litigios. Este encargo se hizo por el exalcalde, mediante una atribución verbal, sin pactar un precio concreto y sin seguir el procedimiento legal establecido.
En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, "puesto de común acuerdo" con los otros dos acusados, presentó al cobro distintas facturas por importe inferior a 12.020 euros y 18.00 euros, "incluyendo de manera fraccionada los distintos procedimientos judiciales en los que había intervenido, suscrito con el Ayuntamiento, cuando lo cierto es que todas ellas obedecían a la misma prestación de servicios".
Una vez presentadas las facturas, el exsecretario de San Antonio dio su conformidad "sin oponer reparos u observaciones, con pleno conocimiento de que no exigía ningún vínculo contractual válidamente constituido que amparase dichas minutas". Seguidamente se autorizó el pago. Según el escrito del ministerio fiscal, el importe total facturado superó los 146.000 euros.
