6 de junio de 2020
 
Publicado 21/05/2020 15:13:02 +02:00CET

AVE avisa que derogar la legislación laboral "aumentará el impacto devastador" de la crisis en economía y empleo

Vicente Boluda en imagen de archivo
Vicente Boluda en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVE) ha advertido este jueves que derogar la actual legislación laboral "aumentará el impacto devastador" de la crisis sanitaria tanto en la economía como en el empleo y ha solicitado que se "refuerce" el papel de diálogo social "constitucionalmente reconocido a los agentes sociales".

AVE recalca en un comunicado que la crisis sanitaria, unida al confinamiento y a la paralización de una parte importante de la economía, como consecuencia del estado de alarma por el coronavirus, "ha generado ya una crisis económica que está teniendo un impacto muy negativo en el empleo y en la producción y está haciendo que los niveles de deuda pública y déficit aumenten, con perspectivas muy negativas ya anunciadas por organismos como el FMI o el Banco de España", que prevén para finales de 2020 un desempleo del 20%, caída del PIB del 15%, deuda superior al 120% y déficit del 9,5%.

"España es un país que debe su estado de bienestar al esfuerzo de autónomos y empresarios de todos los tamaños, junto a los trabajadores, ya que más del 80% del empleo se genera por el sector privado. Por ello, en unas circunstancias tan difíciles como las actuales, derogar la actual legislación laboral aumentará el impacto, ya devastador de la crisis sanitaria, en el empleo y economía de nuestro país y, por tanto, ahondará en una crisis social", ha alertado la organización.

En esta línea, señala que "ahora, más que nunca, es vital establecer mecanismos y medidas de política pública que faciliten y favorezcan la generación de empleo, que promuevan la inversión, la creación de empresas y la innovación" y sostiene que, en la línea de lo planteado por CEOE y Cepyme, se debe avanzar en "reforzar el papel del diálogo social, constitucionalmente reconocido a los agentes sociales; facilitar la contratación, reduciendo el coste de las cargas sociales y eliminando trámites burocráticos y estimular la inversión, la contratación, la innovación, la investigación y el consumo.

Asimismo, pide establecer sistemas de simplificación administrativa para facilitar la puesta en marcha de empresas e inversiones --silencio administrativo positivo generalizado e inicio de actividad con declaración responsable-- y acelerar la reforma de la administración eliminando duplicidades y cualquier gasto superfluo, como estamos haciendo el conjunto de la sociedad.

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