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ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Alicante ha entregado dos expedientes solicitados para el caso del arquitecto municipal que fue detenido --junto a once personas más-- en una operación de la Policía Nacional contra el narcotráfico en Alicante.
Así lo ha afirmado este martes el vicealcalde de Alicante y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, al ser preguntado por los periodistas por las medidas que tomará el consistorio.
Al respecto, Villar ha explicado que les consta que hay un procedimiento en curso en el que el arquitecto --un funcionario del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante-- está implicado y ha recalcado que el consistorio ha facilitado dos expedientes que les habían solicitado.
No obstante, ha enfatizado que mientras no tengan "más datos o información adicional por parte del juzgado" no tomarán ninguna medida, "no solamente por la presunción de inocencia, sino porque la información ahora mismo es escasa".
"Hasta el momento en que no tengamos alguna actuación comunicada por parte del juzgado, no vamos a hacer nada. En el momento que lo recibamos, evidentemente, lo valoraremos", ha sostenido Villar, al tiempo que ha mostrado la "total colaboración con la justicia" del consistorio.
El pasado viernes, las titulares de los Juzgados de Instrucción 2 de Alicante y Primera Instancia e Instrucción 2 de Novelda, ambas en funciones de guardia, recibieron a ocho detenidos en la operación policial contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, de los que siete quedaron en libertad provisional. Para el octavo, considerado el cabecilla de la trama, se acordó la prisión eludible con fianza.
Entre los detenidos que fueron puestos en libertad figuraba el funcionario del área de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, que presuntamente habría agilizado trámites que permitían rentabilizar inmuebles supuestamente adquiridos con dinero procedente de la marihuana. A este detenido se le impuso como medida cautelar la obligación de efectuar comparecencias periódicas, una vez a la semana, en sede judicial.