El Ayuntamiento pedirá a Hacienda la anulación del Plan de Ajuste 2022 por la mejora de la economía local

Actualizado: viernes, 24 junio 2016 15:34

VALENCIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, planteará en el próximo pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento solicite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que quede sin vigencia el Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento ante "las mejoras alcanzadas por la ciudad en los coeficientes de deuda y pago a proveedores".

En concreto, la propuesta propone que Hacienda impulse las acciones legales para que aquellos municipios que, tras haber cancelado la deuda del Fondo para la Financiación del Pago a los Proveedores, queden sin vigencia los planes de ajuste correspondientes, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Para Ribó, se trata de una medida que "refleja la mejora de las cuentas públicas lograda en los últimos meses en función del giro en la gestión económica que ha impulsado por el nuevo equipo de gobierno".

Al respecto, ha detallado que el porcentaje de deuda del Ayuntamiento, en cualquiera de sus formas de cálculo, "está por debajo del límite legal del 110 por ciento", y que el resultado en términos de estabilidad "es de superávit, es decir, que se cumple la regla del gasto".

El primer edil ha apuntado además que el período medio de pago a proveedores del mes de mayo pasado fue de 9,71 días, con lo que "se cumple ampliamente" el plazo máximo establecido por la normativa sobre morosidad.

Todo ello, así como la liquidación del ejercicio 2015 y los presupuestos municipales de este año, "confirman que el Ayuntamiento de Valencia cumple plenamente las condiciones exigidas por el artículo 3 del Real Decreto para declarar no vigente el Plan de Ajuste", ha insistido.

Frente a esta situación, Ribó ha denunciado el "malgasto e irresponsabilidad" en la gestión de los anteriores gobiernos municipales al continuar con este plan de ajuste durante diez años, "el máximo permitido".

"La consecuencia fue que se hipotecaron los recursos disponibles para realizar inversiones productivas, gastos adscritos al bienestar de los valencianos y a crear empleo", ha agregado, además de "comprometer en el reembolso de la deuda un importe de recursos propios muy por encima de lo necesario" para cumplir con los objetivos fijados por la normativa de sostenibilidad financiera.

"FACTURAS EN EL CAJÓN Y DEUDA EN MÁXIMOS"

El alcalde de Valencia ha recordado que la primera operación de financiación del pago a proveedores se realizó en 2011 durante el anterior Gobierno local del PP y por un total de 61,6 millones de euros, de los que "31,5 millones correspondían a gastos realizados sin crédito presupuestario".

No obstante, ha remarcado que este proceso "no logró sanear la deuda del consistorio con los proveedores", por lo que un año después, en 2012, se realizó una nueva operación a amortizar en 10 años por 183,1 millones de euros, de los cuales "88,1 millones eran para pagar facturas y certificaciones sin crédito".

En la moción, Joan Ribó ha subrayado que el resultado de estas dos operaciones fue que el Ayuntamiento "transformó deuda comercial por valor de 244,7 millones de euros en deuda financiera a largo plazo".

Y de esta cantidad, ha puntualizado que "119,6 millones de euros eran 'facturas en el cajón' correspondientes a gastos realizados sin presupuesto", es decir, "no reflejadas en la contabilidad municipal". Además, ha denunciado que, con este plan, "en mayo de 2012 la deuda municipal alcanzó su máximo histórico con 1.046 millones de euros y un porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes liquidados del 148 por ciento".

PLAN DE AJUSTE

Ante estas condiciones, el primer edil ha recordado que el Plan de Ajuste 2012-2022 fue aprobado con el objetivo de garantizar la capacidad del Ayuntamiento de hacer frente a la carga financiera y a la amortización de la elevada deuda. Todavía en vigor, obliga al consistorio a no concertar nuevas operaciones de endeudamiento y a amortizar 850 millones de euros de deuda en diez años.

Para Ribó, todo ello supone que en 2022 "el volumen de deuda alcanzaría los 198 millones de euros, un 24 por ciento de los ingresos corrientes actuales", con lo que ha expresado el "compromiso" del equipo de gobierno a reducir la deuda en los próximos años.

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