VALENCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre, agente de Policía Nacional destinado en la comisaría de la localidad valenciana de Gandia, a una pena de dos años y medio de prisión por apropiarse de droga incautada por sus compañeros en el retén en el que prestaba servicios.
Así consta en la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que el tribunal condena al hombre --juzgado por un jurado popular-- por un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos y por un delito leve de hurto. Junto a la pena de prisión, tendrá que pagar una multa de 4.800 euros y queda inhabilitado para ser policía por tiempo de cuatro años y medio.
Los hechos se remontan a febrero de 2014, cuando el condenado desempeñaba sus funciones como patrullero en la Comisaría de Policía Nacional de Gandia.
En ese año, las actas de intervención de sustancias estupefacientes que confeccionaban los agentes en cada turno, junto con la correspondiente sustancia incautada, se depositaban en la Sala 091, en un buzón cerrado con llave, y cuando éste se llenaba, se dejaban en una caja abierta hasta ser recogidas por los funcionarios, que eran los únicos encargados de la tramitación del expediente.
A la Sala 091 solo podían acceder personas autorizadas, entre las que se encontraba el condenado. Un jurado popular consideró probado que el hombre robó drogas en dos ocasiones. En una primera ocasión el agente se quedó con una cantidad de droga sin determinar, tras destruir el acta de intervención.
En la segunda ocasión, el condenado se quedó con el acta y la droga intervenida y depositadas en la caja del 091, correspondiente a una incautación policial. En este caso, el agente arrojó el acta de intervención a una papelera y guardó la droga, 0,209 gramos de marihuana, en su taquilla de Comisaría.
PRUEBA DE CARGO "VÁLIDA"
El jurado consideró culpable al hombre en base a las declaraciones que él mismo efectuó en el juicio, a la de los testigos y a la prueba documental, en particular el visionado de los DVD en los que constaban las grabaciones de la cámara de seguridad.
Toda esta prueba, según la Audiencia, al haberse producido con todas las garantías de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción e igualdad de partes, constituye prueba de cargo válida y eficaz para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia.
De igual modo, señala que la motivación recogida en el veredicto del jurado sobre la autoría del condenado debe ser íntegramente asumida en esta resolución "por cuanto no es sino el resultado racional y lógico a que conducen las pruebas practicadas en el juicio oral, sin que se aprecie arbitrariedad, incongruencia alguna ni omisiones relevantes que permitan inferir la existencia de dudas razonables".
