VALENCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las CCAA con competencias en materia de Justicia instaron hoy al Gobierno central a que impulse la reforma de la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita, de modo que presente el borrador del nuevo texto normativo antes del 30 de junio, según informó la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, en un comunicado.
Sánchez de León participó hoy en Pamplona en la comisión de coordinación de las comunidades autónomas con competencias en materia de administración de Justicia, donde se gestó un documento con los acuerdos alcanzados que se hará llegar al Ministerio de Justicia.
La consellera, que adelantó que la próxima reunión de seguimiento de estos acuerdos será en julio en Valencia, explicó que en el encuentro mantenido "se han concretado una serie de acuerdos relacionados con el turno de oficio y la nueva oficina judicial".
En materia de asistencia jurídica gratuita, dijo que la reivindicación fundamental fue "la exigencia de un impulso definitivo a la reforma de la ley del 96, en la que se nos permita a las CCAA establecer un nuevo modelo de gestión en el turno de oficio para adecuarlo a la realidad y a las necesidades actuales". "Consideramos --agregó-- que es necesario para, de verdad, poder prestar un servicio a los ciudadanos, que son los destinatarios últimos de esta prestación eficaz, racional y realista".
De este modo, la consellera apuntó que se ha dejado constancia en el documento firmado del "compromiso" con el derecho de asistencia jurídica gratuita de todos los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Asimismo, en el texto acordado en la reunión se hace especial incidencia a que las últimas modificaciones legislativas en el ámbito penal, especialmente con la introducción de los juicios rápidos, ha significado un incremento importante de la asistencia letrada gratuita, con el consiguiente esfuerzo presupuestario. Por consiguiente, "se constata la necesidad de racionalizar este procedimiento a fin de que responda estrictamente al principio de solidaridad social que inspiró este sistema".
De hecho, la consellera apuntó que en la Comunitat, el coste del turno de oficio para la Generalitat se ha incrementado más de un 180 por ciento en los últimos seis años, ya que ha pasado de 9,8 millones de euros en 2003 a los 27,7 en 2009. En concreto, el gasto que supuso el ejercicio 2009 representó aproximadamente el 11 por ciento del total del presupuesto de la Justicia autonómica.
Además, en su opinión, "es necesario que antes de la próxima conferencia sectorial, el Ministerio comunique a las autonomías las previsiones de las cuantías a transferir, el calendario previsto y el procedimiento que va a emplearse en referencia a los fondos de depósito previstos en el párrafo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
TRANSFERENCIAS
Por otra parte, informó de que se ha llegado al acuerdo conjunto de reivindicar, una vez más, al Ministerio, que es necesario que se ejecuten "ya" medidas como la transferencia en la ejecución y gestión del personal que necesitan tener las CCAA para, de verdad, "poder poner en marcha el nuevo modelo judicial, pues la implantación de la oficina no es el final del proceso, sino el punto y seguido de un dilatado camino".
En palabras de la consellera tras la reunión, "las comunidades no pueden limitarse a pagar las retribuciones de los funcionarios, sino que también tienen que formar parte de la gestión del personal". Asimismo, considera "fundamental" que "la implantación de la nueva oficina judicial sea equitativa en todas las CCAA en cuanto a funcionalidad, flexibilidad horaria, movilidad funcional y condiciones de trabajo de los funcionarios".
"Hemos pedido también la dotación de más plazas de secretarios judiciales, necesario para la implementación de la oficina, y la participación de todas las comunidades autónomas en la elaboración de aquellas leyes que afectan directamente al ejercicio de nuestras competencias como la ley del registro civil o la ley de demarcación y planta judicial", explicó la consellera.
En el texto, se instó también al Ministerio a que revise las dotaciones de las Unidades Procesales de Apoyo Directo, de modo que se reduzcan en beneficio de los Servicios Comunes Procesales. Sin embargo, la titular de Justicia lamentó que el Ministerio "ya ha reconocido que para este año no tiene previsto la creación de más plazas de secretario judicial, lo que dificulta el arranque de estos servicios".
Finalmente, los consejeros acordaron solicitar una reunión de trabajo "de forma inmediata" con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, así como que se convoque en un breve plazo de tiempo una comisión conjunta entre las comunidades, el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
