CCOO-PV dice que el protoloco de asistencia jurídica a personal educativo tiene "una dudosa aplicación en la práctica"

VALENCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Ensenyament de CCOO-PV afirmó hoy que el protocolo de actuación para garantizar la asistencia jurídica de todo el personal, docente y no docente, que trabaja en los centros educativos dependientes de Educación, en los supuestos en los que sea el propio personal el objeto de la acción ilícita, tiene "una dudosa aplicación en la práctica".

El sindicato aseguró además que la firma de este protocolo entre el conseller de Cultura, Educación y Deporte, Alejandro Font de Mora, y el vicepresidente del Consell, Víctor Campos --de cuyo departamento depende el Gabinete Jurídico de la Generalitat--, "muestra una vez más la excesiva facilidad con la que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, firma propuestas y proyectos en público", pero también, añadió, "su política poco efectiva consistente en no responder a las organizaciones sociales sino a la opinión pública mediante las puesta en escena de medidas de dudosa aplicación en la práctica".

La Federació d'Ensenyament de CCOO-PV considera que con estos "lanzamientos publicitarios", el Consell "intenta apropiarse de la iniciativa sindical de defensa del profesorado olvidando que en esta lucha la voz cantante la hemos venido llevando las organizaciones sociales".

En este sentido, explicó que desde principios de los años 90 las organizaciones sindicales, y entre ellas la Federación de Enseñanza de CCOO-PV, que fue una de las más activas, se logró que la Conselleria de Educación subscribiese una póliza que cubría la responsabilidad civil del profesorado y del personal que realiza sus actividad laboral en los centros educativos.

Aquel acuerdo "liberó al profesorado de la presión de las posibles reivindicaciones económicas que los padres podían demandar en un momento concreto y aquella liberación restituyó la confianza y la implicación del profesorado en la realización de actividades extraescolares".

Durante los últimos años, desde la Federación de Enseñanza de CCOO-PV "hemos venido trabajando con el fin de ampliar la asistencia letrada para los profesores y profesoras del País Valencià y en consecuendcia hemos atendido a los afiliados a nuestra organización prestando a todos los enseñantes afiliados asistencia letrada gratuita en materia penal por denuncias relacionadas con su actividad laboral" y además ha reivindicado la prestación del mismo servicio gratutito para todos los trabajadores y trabajadoras del sector educativo.

Con ello, busca evitar que cuando un profesor o una profesora sea denunciada, justificada o injustificadamente, "como sucede la mayoría de las veces", tenga que buscarse la asistencia letrada pertinente y asumir personalmente los gastos. Al mismo tiempo, ha reivindicado y, según dijo, seguirá haciéndolo hasta que lo consiga, la asistencia letrada para aquellos casos en los que sea el profesor o la profesora quien quiera actuar cuando hayan sido objeto de una acción ilícita, incluidas aquellas contra el honor y la profesionalidad.

Hoy, la Vicepresidencia de la Generalitat y la Conselleria de Educación han firmado un protocolo que, añadió, "pretende desarrollar el artículo 11 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat Valenciana aplicable al personal que realiza su actividad laboral en los centros educativos dependientes de la Conselleria de Educación".

El sindicato criticó "la vulneración del derecho a la negociación colectiva" dado que ese protocolo "no ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales" y advirtió de que, "en el supuesto de que en ese protocolo no se recojan clara y diáfana las dos reivindicaciones enunciadas, y mantenidas en todas nuestras negociaciones, seguiremos presionando para modificar dicho protocolo, de forma que los docentes y el personal que trabaja en los centros educativos tengan pleno derecho a la asistencia letrada".