El Cecova denuncia que la farmacia comunitaria asistencial supone una "privatización encubierta" del sistema sanitario

Farmacia
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Publicado 05/11/2018 13:13:16CET

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) ha denunciado este lunes que el Decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el que se regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación, "es una manera de abrir la puerta a la farmacia domiciliaria", y supone una "privatización encubierta" del sistema sanitario.

Según ha señalado la entidad en un comunicado, "a través de este decreto se regulan los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales concertados permitiendo introducir a los farmacéuticos en la comunicación entre los miembros del equipo asistencial y el acceso, por tanto, a la información de los usuarios y pacientes, todo ello dentro del ámbito de los farmacéuticos".

"Una norma que, si bien por sí sola no sería suficiente para abrir la puerta a la asistencia domiciliaria, sí que puede ser un paso más para ello", asegura Cecova, que asegura que, con ello, "la Conselleria de Sanidad ha abierto la puerta a la farmacia domiciliaria".

El Cecova ha destacado el "carácter privado" del servicio farmacéutico y que, a través de la "mal llamada farmacia comunitaria asistencial", estos profesionales "lo que han pretendido es tener acceso a la historia clínica de los pacientes (como ha sucedido gracias a este decreto) y poder participar de tareas tales como el seguimiento de crónicos, la visita domiciliaria, el cribado del cáncer de colon, la vacunación de la población o el control de pacientes anticoagulados, que son llevados a cabo por la enfermería y medicina familiar y comunitaria desde el sistema sanitario público".

"PACIENTES VULNERABLES"

En este sentido, ha alertado de que se trata de "pacientes vulnerables que requieren de las garantías de independencia clínica que solamente se las pueden asegurar enfermeros y médicos sin más interés que la propia deontología profesional y lejos de obtener un beneficio económico con la revisión de los botiquines domésticos, como sucede con quienes se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos".

Por ello, insiste en que la farmacia comunitaria asistencial "supone una privatización encubierta del sistema sanitario, puesto que actualmente la sanidad pública española ya contempla que sean las enfermeras las encargadas de realizar este tipo de atención a la población".

A su juicio, "resulta llamativo" que mientras que las enfermeras tienen su principal ámbito de actuación en la atención primaria, la autodenominada farmacia comunitaria asistencial es "un movimiento que carece de respaldo legal alguno y de competencias propias y detrás del cual lo que hay es un objetivo mercantilista puro y duro".

Por contra, "los enfermeros y médicos especialistas en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria cuentan con el respaldo y aval de una regulación legislativa y un plan de estudios oficial aprobado por las autoridades sanitarias, mientras que los farmacéuticos que erróneamente se autodenominan 'comunitarios asistenciales' se autocalifican como tal sin tener título oficial, ni normativa aplicable, ni control alguno de la administración sanitaria".