En la Comunitat Valenciana los 25.000 residentes se pueden ver afectados si el Consell no les ingresa los 75 millones
VALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha advertido este jueves que si no cobran los 1.268 millones que les deben la Administraciones "serán días lo que tarden los centros en cerrar por quiebra" y en ese caso se ha preguntado quién se hará cargo de los usuarios que atienden, que en muchos casos son personas con un alto nivel de dependencia, incluso para poder comer.
Echeverría ha leído este jueves un manifiesto al término de una concentración realizada frente al centro de Velluters de Valencia para denunciar la "insostenible" situación por la que atraviesan los 5.000 empresarios de las 17 patronales autonómicas, que generan 200.000 empleos directos y 100.000 puestos de trabajo indirectos, y que representan 150.0000 plazas residenciales, 28.000 plazas de centro de día, 230.000 beneficiarios de ayudas a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia. Como ejemplo, ha citado los 900 millones de euros los que les debe los diferentes Ayuntamientos por servicio de ayuda a domicilio.
En el caso de la Comunitat Valenciana, a las 200 empresas asociadas, que dan servicio a unos 25.000 usuarios, la Conselleria de Bienestar Social les adeuda 75 millones, sin contar con la deuda de los ayuntamientos y el retraso en el pago en determinados servicios, como a discapacitados supera el año. Por ello, están tratando de negociar un acuerdo de Confirming con la Generalitat ante los bancos.
Echeverría ha evidenciado que estos impagos "pone en peligro la viabilidad" de estas empresas y puestos de trabajo, así como la "calidad de vida de un millón de personas a los que hay que asistir cada día". De este modo, ha anunciado que los paros, a los que se han sumado empresarios, trabajadores, usuarios y semanales, persistirán todas las semanas para reivindicar el pago de los servicios prestados.
Al respecto, ha explicado que desde FED se mantienen reuniones continúas con todas las Administraciones y que "todas nos trasladan lo mismo: que no tiene liquidez". Como ejemplo, ha señalado que desde Castilla La Mancha les han señalado que hasta disponer del Presupuesto del año que viene no les podrán pagar. "Pero esto se tiene que resolver en días, no podemos seguir más", ha exigido.
En ese sentido, ha subrayado que los propietarios de las residencias se han endeudado, incluso personalmente, para tratar de aguantar, pero "se ha tocado su límite" y "al final nos vemos obligamos a dejar de pagar a nuestros proveedores y éstos nos dejan de servir". "Es la pescadilla que se muerde la cola", ha indicado.
De hecho, si la situación sigue así se verán "obligados" a "hacerles partícipes a los propios familiares en el pago de los servicios o que se lleven a sus familiares a casa". Al respecto, ha comentado que en la Comunitat Valenciana ya se han cerrado residencias y en ese sentido ha apuntado que más de un 10 por ciento "se han quedado por el camino". Al respecto, ha advertido que en estos momentos están todos "al borde de la viabilidad", pero que el problema de este sector es que "no podemos cerrar" porque las personas a las que atiende les necesitan "incluso para comer". Una farmacia puede cerrar si hay otra de guardia, pero nosotros no", ha constatado.
Por su parte, Maricarmen Goncholi, que tiene a su padre con demencia senil ingresado en una residencia de La Cañada, ha comentad que este miércoles recibió un aviso de la dirección del centro de que la situación era "grave" porque Conselleria "no disponía de dinero" y "a partir de ahora proveedores de alimentos, pañales, fármacos iban a comenzar a dejar de suministrar". Por ello, ha mostrado su indignación porque los centros no les hubieran comunicado antes esta situación para poder haber tomado alguna medida previa.
PROPUESTAS
Ante esta situación, FED exige a la administración de forma unida y conjunta que paguen la deuda, reducir todos aquellos gastos en otros sectores que no son necesarios y básicos de la administración de forma que puedan atenderse de forma inmediata a todos los dependientes, así como modificar los baremos del Cuidador Informal supondría 800 millones de ahorro de forma inmediata, lo cual permitiría aumentar las PEVS en 80.000 usuarios más y crear 40.000 puestos de trabajo de atención de directa.
Del mismo modo, exigen un control exhaustivo de las Prestaciones del Cuidador Informal, al objeto de que no se otorguen prestaciones que no garanticen la calidad del servicio, no otorgar ninguna prestación al grado I en tanto no estén atendidos todos los grados ya reconocidos, la apertura de líneas de financiación modelo confirming con el aval y garantía de la AGE y que se pueda compensar la deuda de la Administración con nuestras empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.
