El CJC aprobó 872 dictámenes en 2008, de los que 272 corresponden a la conselleria de Sanidad

VALENCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) aprobaron hoy la memoria de 2008, que incluye 872 dictámenes aprobados, frente a los 1.119 del año pasado. Entre las autoridades consultantes destaca la conselleria de Sanidad, con 272 casos, por las normas que promueve y por los expedientes de responsabilidad patrimonial, que en la "inmensa mayoría", según el presidente de la institución, Vicente Garrido, son desestimadas.

El descenso de 2008 respecto al año anterior, según Garrido, obedece a la modificación de la ley de creación del organismo para establecer un máximo de 3.000 euros en materia de responsabilidad patrimonial para que sea preceptiva la consulta al CJC.

Entre las autoridades consultantes destaca la conselleria de Sanidad, con 272 casos, la mayor parte de ellos, por las numerosas normas reglamentarias que promueve el departamento y según explicó Garrido, por los expedientes de responsabilidad patrimonial, es decir, el derecho del ciudadano a solicitar una indemnización a las administraciones públicas por los daños que puedan sufrir por el funcionamiento de los servicios.

En cualquier caso, indicó que en la "inmensa mayoría" de las ocasiones el CJC dictamina que no ha lugar a declarar la responsabilidad patrimonial, aunque sí existen "algunos supuestos" en los que el organismo ha considerado que ha habido un inadecuado funcionamiento, que puede ser "desde un error de diagnóstico a una mala praxis médica", y que debe ser indemnizado, dijo.

Tras Sanidad se sitúa la conselleria de Educación, con 66 consultas y la de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, con 56. A la conselleria de Infraestructuras y Transporte corresponden 27 consultas; 13 a la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo; diez a la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas; nueve a Bienestar Social, seis a la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación; siete a la conselleria de Gobernación; cuatro a Inmigración y Ciudadanía; cuatro a las conselleria de Cultura y Deporte; tres al vicepresidente del Consell; dos a Industria, Comercio e Innovación y dos a turismo.

En cuanto a los ayuntamientos consultantes, destaca el de Alicante, con 78 cuestiones; los de Elche y Villena con 15; Castellón, con 22; Crevillente y Gandia, con 11 y el de Valencia, con nueve. A las Diputaciones corresponden cinco consultas, a las Universidades, diez y a otros, 215.

En porcentaje, los ayuntamientos alcanzan el 43 por ciento de los dictámenes, con una tendencia "creciente", referidas a reclamaciones por el estado de las vías públicas y accidentes registrados en las mismas, señaló el presidente.

76% POR DAÑOS Y PERJUICIOS

Por materias, un 76,95 por ciento de los dictámenes se refieren a indemnizaciones por daños y perjucios, --un 5,2 por ciento menos que en el ejercicio anterior--, seguido a mucha distancia por modificaciones de planeamiento urbanístico (6,31%); proyectos de reglamento (5,62 por ciento), contratos administrativos (3,78%); revisión de oficio de actos administrativos (3,56%); consultas facultativas (1,49%); anteproyectos de leyes (1,26%); recursos extraordinarios de revisión (0,69 por ciento); recurso de inconstitucionalidad (0,23%) y convenios de cooperación con otras Comunidades Autónomas (0,11%).

Garrido también destacó que el valenciano es el segundo en su ámbito en número de dictámenes, superado sólo por el órgano de Castilla y León. LEY DE MATERNIDAD En relación al dictamen emitido por el CJC sobre el proyecto de ley de Protección a la Maternidad, señaló que fue favorable, pero explicó que "ha hecho recomendaciones para conseguir una mejora técnica de la calidad de la norma por razones de seguridad jurídica".

En este sentido, dijo, se observó que "había una serie de preceptos de carácter programático, que no es lo propio que esté en una ley; en una ley los preceptos deben tener un carácter prescriptivo y dejar las declaraciones, bien para las exposiciones de motivos, bien para los programas de desarrollo de la acción de gobierno".

Por otra parte, en relación a las indemnizaciones solicitadas por ex diputados de las Corts Valencianes, Garrido recordó que no está incluido en la memoria de 2008 porque corresponde a este ejercicio y recordó que el Parlamento les reclamó un dictamen al respecto, que derivó en unas recomendaciones del órgano "que, por lo que sé, han sido tomadas en consideración y tratan de llevar a cabo el pago de los finiquitos o de las indemnizaciones por cese de la actividad parlamentaria teniendo en cuenta las observaciones de los diputados".