VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El colectivo Esperanza Obrera ha okupado un edificio situado en el número 80 de la calle Colón de València propiedad de la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Igualtat i Politiques Inclusives. Varias personas se encuentran en el interior del inmueble, donde han colgado una pancarta en la que se puede leer el lema 'Esperanza Obrera frente el sistema. Resistimos'.
Según explica este colectivo, --que hace unas semanas fue desalojado de otro inmueble en Pintor Sorolla-- "este espacio abandonado bajo la administración" de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "está sirviendo, desde el 22 de marzo, de albergue para familias trabajadoras desahuciadas, comedor social, almacén de un Banco de Alimentos y centro de reuniones sindicales entre otras funciones".
"Fuimos desalojados de manera ilegal hace una semana de Pintor Sorolla pero nos comprometimos con las cinco familias trabajadoras que habitaban allí, al igual que Mónica Oltra se comprometió con nosotros, solo que nosotros sí hemos cumplido con nuestra palabra", aseguran en un comunicado.
Y defiende: "No es razonable que con la necesidad habitacional y la falta de espacio que tienen las organizaciones obreras exista un bien de titularidad pública abandonado. Trabajaremos para recuperar su utilidad pública y que sea un símbolo de organización de los que no renunciamos a la transformación de la sociedad a cambio de migajas".
Por su parte, la Conselleria de Igualtat ha explicado que el edificio tiene previsto su uso como espacio para albergar el centro de valoración de discapacidad de la provincia y ha advertido que "en estos momentos no reúne las condiciones adecuadas de habitabilidad".
El departamento que dirige Mónica Oltra ha detallado que el inmueble está pendiente de que en los próximos meses salga a licitación el contrato para poder iniciar las obras que convertirán este espacio en el futuro centro de valoraciones de la ciudad de València. Así, en el edificio se atenderá a las personas con diversidad funcional o trastorno de salud mental que solicitan se les reconozca un grado de discapacidad, ha explicado en un comunicado.
El reconocimiento del grado de discapacidad es "un trámite de gran importancia para las personas de este colectivo, ya que su reconocimiento les permite optar a ayudas y les facilita el día a día en aspectos como el acceso al mundo laboral o a una vivienda adaptada a sus necesidades", ha remarcado la Conselleria.
El espacio, que siempre ha albergado oficinas, fue abandonado por el antiguo gobierno durante varios años, "lo que lo ha convertido en un espacio obsoleto que no cumple la normativa, especialmente la relativa a seguridad contra incendios, y como tal requiere de una intervención arquitectónica importante que ronda los 2 millones de euros", ha precisado la Generalitat.
En este sentido, la Conselleria ha insistido en que la habitabilidad del edificio "no es la adecuada ni para su uso administrativo ni para su uso como vivienda, ya que carece de espacios necesarios para una vida digna, como pueda ser una cocina o cuartos de baño de uso doméstico".
"La política de la Conselleria de los últimos años ha sido sustituir el sistema caritativo de servicios sociales por un sistema de derechos, que permita dotar a las personas que lo necesitan de herramientas económicas y sociales para que tengan una vida digna e independiente gracias a la Renta Valenciana de Inclusión. Así se les trasladó a los representantes del colectivo Esperanza Colectiva durante la reunión que se mantuvo con ellos hace unas semanas", ha agregado.