VALENCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Empresa de FGV ha expresado su "más enérgica repulsa a la gestión de la Generalitat" en la empresa, así como a la "pretensión de responsabilizar a usuarios y trabajadores con el saneamiento de unas cuentas que si realmente son negativas será debido a su deficiente gestión", según ha informado representación legal de los trabajadores de esta empresa en un comunicado.
De esta manera, ha manifestado su disposición a "responder contundentemente ante las reiteradas informaciones aparecidas en prensa sobre la situación económica de FGV, así como sobre futuros recortes, reorganizaciones, e incluso un posible ERE".
En este sentido, ha incidido en que los únicos responsables del déficit de FGV, son los "políticos y gestores que en su día dieron visto bueno a unas inversiones que no sólo no eran indispensables, sino que endeudaron dicha entidad a cambio de asegurarse los votos en las elecciones".
Los trabajadores denuncian que actualmente FGV tiene 20 unidades de VOSSLOH, nuevas paradas con un coste de 127 millones de euros y un sistema de conducción automática (ATO) cuyo coste, 35 millones de euros, "no sólo no ha supuesto menor gasto energético sino que además no ofrece mayor confort al viajero".
Según ha informado el comité de empresa, la externalización de la totalidad o parte de servicios de FGV "supondría un aumento de los gastos en explotación, ya que habría que sumar el canon de la empresa privada para su beneficio".
Asimismo, niegan que se pueda imputar a FGV gran parte de la deuda "que ha generado el Consell por intereses contables y políticos, incluyendo los gastos de amortización de las infraestructuras realizadas con el dinero público".
Tampoco admiten "que se suban tarifas e impuestos para, acto seguido, ofrecer menor servicio reduciendo los trenes menos rentables y una peor atención con menos personal en todos los servicios".
APELAN AL CIUDADANO
Por ello, los trabajadores de FGV han apelado a la respuesta ciudadana porque consideran que el contribuyente "debe estar en contra de una privatización porque no sólo le ofrecerá peor servicio a cambio de un precio mayor del billete, sino una menor frecuencia, la eliminación de líneas, estaciones o tramos, menor confortabilidad, fiabilidad, etc".
Aunque, a su juicio, lo más importante, es que la privatización irá "en detrimento de la seguridad" y el "encarecimiento del transporte también repercutirá en el erario público".
