Compromís afirma que "era y es un partido de gobierno" pero subraya que ahora están centrados en negociar programa

VALNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Compromís en el Congreso, gueda Micó y Alberto Ibáñez, han indicado que la formación "era y es un partido de gobierno", aunque han eludido responder explícitamente a la pregunta de si buscarán tener representación en un hipotético ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que es el "momento del qué" y no del quién.

Precisamente para este "qué", ambos diputados han presentado este lunes en rueda de prensa sus doce propuestas para la negociación de un posible gobierno de izquierdas, que han asegurado que el grupo de Sumar apoyará. Entre ellas, el cambio del modelo de financiación autonómica, un fondo de nivelación mientras llega, inversión en infraestructuras y limitaciones a los precios de los alquileres y los pisos turísticos.

El sistema de financiación es una de las principales reivindicaciones de los valencianistas, aunque como han admitido que "no depende únicamente de Compromís", han apuntado que pedirán un fondo de nivelación mientras dura la creación del nuevo sistema. Igualmente, han pedido la condonación de la deuda histórica de 46.000 millones de euros provocada por una infrafinanciación crónica.

En materia de infraestructuras, Compromís exigirá la ejecución de los 1.435 millones de euros del plan estatal de cercanías, con una especial urgencia en la variante de Torrellano i la conexión del aeropuerto del Altet. Además, se propondrá la ampliación de las líneas C1 desde Gandia a Dénia, la C3 de Valncia a Utiel, la apertura al público de la vía al Puerto de Sagunto y la creación de una línea que la conecte con Valncia y la integración definitiva de los trazados desde Castelló a Vinars y de Sant Vicent del Raspeig hasta Villena.

En cuanto a derechos sociales, Micó e Ibáñez han hecho hincapié en la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda con la limitación de los precios del alquiler e impulsar una moratoria de compra-venta por parte de la población no residente de mínimo 36 meses.

Además, han exigido un pacto para la liberación del tiempo encaminado a la reducción de la jornada laboral a 32 horas, y el impulso de una normativa estatal que determine los requisitos y condiciones de los servicios prestados por empresas privadas a fin reducir la privatización y externalización de servicios públicos.

Por otra parte, Compromís quiere acelerar la transición ecológica justa apostando por la repotenciación de plantas existentes, priorizar el autoconsumo y las comunidades energéticas locales, así como nuevas plantas solares en suelos degradados, manteniendo siempre un permanente diálogo con la ciudadanía y el tejido agrícola y rural.

Por lo que respecta al modelo turístico, la coalición valencianista ha subrayado la necesidad de desestacionalizar y desconcentrar los destinos en favor del mundo rural, "mediante una nueva política turística que asuma las externalidades negativas vinculadas a la equidad social y el cambio climático, con medidas como la limitación de los cruceros y apartamentos turísticos".

En materia sanitaria, Compromís propone un Plan de choque para fortalecer la atención primaria en todo el Estado garantizando un 25% del presupuesto total de la sanidad, con financiación directa y finalista para que las comunidades autónomas aumenten personal, mejoren las infraestructuras y adquieran material sanitario. Asimismo, se exige el pago de la deuda sanitaria que el Estado mantiene con la Generalitat Valenciana por los desplazados sanitarios, así como el pago del 50% de la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.

Proteger a los productores valencianos es otra de las exigencias de la coalición para investir a un nuevo gobierno del Estado. Así, se propone el establecimiento de un índice de precios a los productos agroalimentarios que aseguren precios justos. De esta forma, propronen la creación de una normativa que controle que la cadena alimentaria y sus intermediarios paguen al menos el 60% del precio a los productores.

Por último, Compromís ha exigido el impulso de una ley de financiación de infraestructuras culturales estatales y equidad territorial que garantice los recursos necesarios para una oferta diversa y de calidad en el conjunto del estado.