La Comunidad Valenciana dispondrá de más de 44.000 plazas de atención social al final de esta legislatura

VALENCIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, afirmó hoy que la Comunidad Valenciana "contará con más de 44.000 plazas de atención social al final de esta legislatura", una cifra que, según dijo, "demuestra el esfuerzo que está realizando el Govern de la Generalitat por mejorar e incrementar las prestaciones sociales para las personas que viven situaciones complicadas, y en especial para las personas dependientes y sus familias".

La Comunidad ha pasado de disponer de poco más de 8.100 plazas residenciales en 1995, y 17.000 plazas en 2003, a cerca de 22.300 en la actualidad. Asimismo, el número de plazas en centros día ha pasado de 70 plazas en 1995, y 1.406 en 2003, a cerca de 3.100, informaron fuentes de la Generalitat.

En cuanto a la atención a personas con discapacidad, se han creado desde 1995 un total de 113 nuevos centros y 3.920 plazas, y respecto a la atención a enfermos mentales crónicos, se ha pasado de 2 centros con 47 plazas en 1995 a 53 centros y 1.533 plazas. Además, ya son 33.000 las personas que se benefician anualmente de los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.

En este sentido, De Miguel, que se reunió con asociaciones y colectivos de personas dependientes para valorar conjuntamente el anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, señaló que "desde el Consell aplaudimos la iniciativa del Ejecutivo central, que por fin decide sumarse al camino que en la Comunidad iniciamos hace ya varios años, pero lamentamos que presenten un anteproyecto de ley insuficiente", que, dijo, "opta por no implantar un sistema nacional con un mínimo común denominador de derechos y prestaciones para todo el conjunto del Estado".

A pesar de ello, la consellera reiteró que "nuestra mano está tendida al Ministerio para que entre todos podamos mejorar esta norma, entendiendo que lo único que debe preocuparnos son las personas, y que éstas deben primar sobre los acuerdos políticos. Lo único que nos preocupa es conseguir la mejor ley posible", incidió.

Por otra parte, respecto a las "deficiencias" que, a su juicio, tiene el texto, Alicia de Miguel indicó que "regular la atención a la dependencia mediante convenios bilaterales entre el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas es abrir una puerta a la desigualdad y a la insolidaridad territorial. Si no se corrige esta situación habrá personas cuya consideración como dependientes pueda depender de su lugar de residencia", dijo.

"Vamos a reclamar igualdad de derechos, igualdad de servicios y prestaciones en todo el territorio español, igualdad en las condiciones de acceso a la condición de dependiente", destacó la consellera, quien agregó que también exigirá que "no se rompan los principios de cohesión y solidaridad territorial".

La titular de Bienestar Social resaltó la "ausencia" en el anteproyecto de ley de dependencia de "un reconocimiento expreso" del derecho del ciudadano a recibir atención y cuidados cuando no pueda valerse por sí mismo. "Cuando el texto define el objeto de la ley el Gobierno ha optado por establecer un Sistema Nacional de Dependencia en lugar de garantizar de una forma expresa ese derecho subjetivo, de tal forma que pudiera ser exigible por los ciudadanos y garantizado por las Administraciones", señaló.

Asimismo, apuntó que el anteproyecto "tampoco concreta ni tan siquiera un mínimo de servicios y prestaciones que deban recibirse en todo el territorio del Estado. Remiten a posterior regulación reglamentaria y a los convenios que se firmen con cada Comunidad", señaló.

En cuanto al número de personas dependientes, De Miguel manifestó su discrepancia respecto a las cifras del Ministerio, que fija en el entorno de las 125.000 las personas dependientes de la Comunidad Valenciana que entrarían en el sistema, mientras que el Estudio General de la Dependencia de la Comunidad Valenciana cifró en 250.000 las personas dependientes en esta autonomía. "Ello significaría que el 50 por ciento de las personas dependientes actualmente residentes en nuestra Comunidad se quedarían fuera, sin atención ni prestaciones", señaló.

FINANCIACION Y VIABILIDAD

La financiación y la viabilidad del sistema son otras de las cuestiones que Alicia de Miguel considera que deberán ser objeto de una profunda revisión, ya que según el anteproyecto, el 72 por ciento del gasto deberá ser asumido por las Comunidades Autónomas y por el propio afectado, mientras que el 28 por ciento restante es la cantidad que aportará el Estado, "una participación que nos parece insuficiente".

Además, afirmó que existe un déficit inicial en la financiación del Estado superior a los 600 millones de euros. "Se ha infravalorado el coste total y real del sistema, y no existen criterios objetivos para el reparto de los fondos que deberán ser negociados bilateralmente por cada Comunidad Autónoma".

La Consellera lamentó que se haya perdido también una "excelente oportunidad" para dotar al sistema de una fuente de generación de recursos que, al margen de la aportación presupuestaria de las Administraciones y de los beneficiarios del sistema, garanticen la viabilidad del mismo. En este sentido, se refirió al uso de fórmulas como el empleo del patrimonio del dependiente en la financiación de los servicios, el salario diferido, conceptos como el de renta vitalicia, o el de hipoteca inversa.