Una concentración en València contra el racismo pide que el empadronamiento sea un derecho

   VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Una concentración celebrada durante la tarde de este sábado en València contra el racismo ha exigido que el empadronamiento sea un derecho, al tiempo que ha afeado "mucha gente" es detenida por sus rasgos raciales y ha reclamado aplicar ya la regularización de migrantes.

   De esta manera lo ha puesto de relieve Olga Franco, de Amnistía Internacional, en declaraciones a los medios de comunicación, minutos antes de comenzar la concentración organizada por València por los derechos de las personas inmigradas con motivo del Día contra la Discriminación Racial.

   Franco ha subrayado que en estos momentos hay "muchísima gente en el mundo" que por sus rasgos raciales son detenidos "sin ningún proceso ni derecho a la justicia y son devueltos a diferentes países o enviados a terceros países sin justificación alguna, sin haber cometido ningún delito".

   Por ello, ha pedido que se comience a aplicar la regularización ya de personas migrantes, al tiempo que ha advertido: "Mucho cuidado también con las estafas que se están produciendo con el tema de la regularización".

   "Queremos también que el Ayuntamiento de València ponga en marcha acciones para que el empadronamiento sea un derecho, que es un derecho ciudadano, pero están saltándoselo a la torera. Por otra parte, también, que nadie tenga que ir a una prisión como un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) por no haber cometido ningún delito", ha comentado.

   Del mismo modo, también ha hecho hincapié en la ley de seguridad ciudadana porque, a su juicio, están deteniendo a gente sin ninguna garantía. "Tenemos que tener herramientas para que la policía cuando para a alguien no sea por sus rasgos raciales, sino sea porque ha cometido algún delito. Y para ello necesitamos una seguridad administrativa con documentos", ha señalado.

   Durante la concentración, las personas congregadas han portado pancartas en las que se podía leer: 'Por los derechos humanos', 'Stop Genocidi', 'Nunca más contarán con nuestro silencio' y 'Una vida vale más que una frontera'.

   Asimismo, también han mostrado pancartas con mensajes que, según han destacado, dicen los racistas como 'Las personas refugiadas tienen pagas y un sueldo mensual', 'No tengo nada contra ellos, pero primero los españoles', 'Yo no soy racista, pero...', 'Si tanto los quieres, acógelos en tu casa' y 'Las personas refugiadas huyen porque quieren'.

MANIFIESTO

   Al término de la concentración, se ha leído un manifiesto que reclama la prohibición "expresa y de forma clara" en la Ley de Seguridad Ciudadana del uso de perfiles raciales en labores de parada e identificación, estableciendo un marco legal que defina esta práctica y la señale como forma de discriminación racial y, al mismo tiempo, obligue a motivar la actuación policial con evidencias e informaciones objetivas. También han pedido el fin de las políticas de privación de la libertad en los CIEs de las personas migrantes y racializadas, así como se ha puesto de relieve las "barreras administrativas" del Ayuntamiento de València para acceder al empadronamiento, "un derecho de toda la ciudadanía".

   Dicho esto, también han hecho hincapié en las dificultades de acceso a una vivienda en alquiler para personas por perfiles raciales. Han pedido un sistema educativo que no segregue a la infancia y juventud, hijas de las comunidades migrantes y racializadas y han denunciado un sistema de salud pública que pone "barreras administrativas y económicas" y que "excluyen a miles de personas migrantes y racializadas".

   Por ello, han denunciado la "opresión racial en su intersección con el patriarcado, el régimen de la heterosexualidad obligatoria, el colonialismo y la esclavitud, así como con la desigualdad económica producida por el sistema capitalista". Además, han afeado el "poder político de privar de derechos básicos a las personas migrantes y racializadas" y "reunir todo el poder del Estado para imponer, en la práctica, la segregación y la desigualdad", así como el poder social de negar a las personas migrantes y racializadas la inclusión o participación plena en la vida asociativa.

   Con todo, han criticado los "obstáculos que impiden a algunas personas acceder a una atención en la salud pública de calidad", que, a su juicio, "exacerba los problemas de salud física, mental, social, sexual y reproductiva en el presente y en el futuro perjudicando además otros derechos". Han denunciado también la "doble vara de medir" de la justicia internacional, incluida la "aparente incapacidad" de la Corte Penal Internacional (CPI) de hacer rendir cuentas a los presuntos criminales de Estados poderosos y de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las víctimas de crímenes de derecho internacional.

   Además, han proseguido, la violencia infligida a las comunidades migrantes y racializadas por los Estados y por grupos parapoliciales y el uso de las redes sociales para propagar bulos y generar un clima de odio y segregación racial, con persecución a las comunidades latinoamericanas, islámicas y africanas en razón de su cultura, religión y estatus social, así como la persecución a organizaciones de Derechos Humanos y activistas que defienden la justicia racial y los derechos civiles.

   Han afeado también durante la lectura del manifiesto "la ofensiva criminal, que ya se estaba dando desde 2010 en el Estado Español, y que la política de la Administración Trump ha desatado contra las comunidades migrantes y racializadas latinoamericanas es una estrategia de terror institucionalizada, utilizando el castigo, el miedo y la muerte como arma política".

   En esta línea, han denunciado el trato infligido a personas migrantes en el centro de detención de Florida, "que es un sistema deliberado de castigo y deshumanización en un contexto de criminalización de la migración y detención masiva impulsada por autoridades estatales y federales".

   Así, han afeado también la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo de los equipos y de los valores que fueron y han de seguir siendo el escudo social contra el racismo y que aplica diferente vara de medir a las personas según su origen. Por último, han denunciado "las políticas que son contrarias a la regularización de personas migradas y que claramente reclaman la expulsión masiva de familias por una infracción administrativa".