VALENCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Sanidad, Rafael Blasco, reclamó hoy un "mayor esfuerzo" al Gobierno central para resolver la financiación sanitaria a desplazados ya que, dijo, en el caso de la Comunitat, se cifra el "desfase" en más de 300 millones de euros.
Blasco se refirió en estos términos después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobase en Consejo de Ministros una nueva regulación del Fondo de Cohesión Sanitaria que mejora la compensación económica a las comunidades autónomas por atención a pacientes desplazados, medida que aplaudió.
No obstante, destacó que "todavía falta mucho para llegar a cubrir el déficit de la financiación sanitaria". "Mientras no se actualice la variable de población", indicó, "cualquier solución financiera que se adopte será parcial y no resolverá el problema a largo plazo, especialmente para comunidades como la valenciana, que han visto incrementada su población en los últimos años".
Así, Rafael Blasco recordó que "el modelo en el que se basa el Ejecutivo central actualmente parte de las cifras y estructura de la población valenciana del año 1999, que representaba el 10,83 por ciento del total nacional, cuando en el 2006 ha alcanzado el 17,4 por ciento, es decir, se ha producido un incremento de 706.000 habitantes en la Comunitat, sin que el Gobierno de Zapatero alivie la tensión financiera que ello supone".
El conseller explicó que el gasto sanitario que asume la Comunitat en cuanto a los turistas se distribuye entre desplazados nacionales, desplazados extranjeros y residentes sin financiación, "por los que la Generalitat asume un gasto de más de 300 millones de euros".
En concreto, detalló Blasco, "el coste estimado de la asistencia que reciben los desplazados nacionales asciende a 125 millones de euros, de los cuales la Comunitat no recibe compensación económica alguna".
Por lo que respecta a desplazados extranjeros, el coste estimado alcanza los 80 millones, de los que la Comunitat sólo recibe cuatro millones de euros. En cuanto a los extranjeros residentes sin financiación, es decir, pensionistas e inmigrantes sin recursos, el coste estimado alcanza los 106,4 millones de euros.