El Consell ratifica la solicitud al Gobierno para iniciar el traspaso de gestión del dominio público marítimo-terrestre

VALÈNCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha ratificado este martes la solicitud formal al Gobierno de España para que inicie el procedimiento de traspaso de bienes y servicios relacionados con la gestión del dominio público marítimo-terrestre y convoque la Comisión Mixta de Transferencias, prevista en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa.

De este modo lo han manifestado la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, en la rueda de prensa posterior al pleno.

Este es el "paso final" para poder disponer de un marco normativo "coherente con las necesidades del litoral de la Comunitat Valenciana", tras la aprobación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa en Les Corts.

Dicha norma, en su disposición transitoria tercera, especifica que el Consell instará al Gobierno a iniciar el procedimiento para el traspaso en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley y pedirá la convocatoria de la correspondiente Comisión Mixta Paritaria de Transferencias. Así, el Consell podrá otorgar los permisos de actividades en la franja litoral y regular instrumentos de ordenación, generales y específicos, además de establecer un sistema de catalogación de las playas.

La norma marca también los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana distribuyéndola en tres tipos de áreas: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística, y reordenación; y en las disposiciones adicionales incorpora cuestiones como la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer un perjuicio al litoral de la Comunitat o a sus habitantes, entre otras.

"PONER EN VALOR NUESTRO AUTOGOBIERNO"

Al respecto, Martínez Mus ha apuntado que con esta petición se completa un proceso que pretende, por parte de la Generalitat, "poner en valor nuestro autogobierno, defender nuestros valores, los valores de nuestra propia costa, y también desarrollar nuestra visión de futuro de lo que creemos que debe ser nuestro litoral", que es "distinto a los demás".

El conseller ha indicado que la intención es conseguir una utilización "racional y sostenible de todos los recursos del litoral, a la vez que preservar nuestros valores naturales y también mantener la calidad de vida de todas las poblaciones de costa". "Sabemos que estamos en una situación de regresión y de afección por el cambio climático grave, y esta norma y esta política que queremos llevar adelante a través de los órganos correspondientes va en esa línea y en esa sensibilidad", ha reconocido.

"Iniciamos este camino para tener las competencias de gestión del litoral, es decir, que todas las autorizaciones que tengan que ver con el litoral, desde los planes de explotación de playas que presentan los ayuntamientos hasta todas las autorizaciones de concesiones que tienen comercios y viviendas en el litoral dependan de la Generalitat", ha especificado.

Martínez Mus, que ha apuntado que Galicia ya tiene una ley propia similar y que Cataluña, País Vasco y las comunidades insulares tienen estas competencias, ha justificado esta posición del Consell en que consideran que la Generalitat es "la administración más sensible a las necesidades y a la realidad que tiene hoy nuestra costa" y ha confiado en que el proceso sea "lo más ágil posible".

INDEMNIZACIÓN A UNA VÍCTIMA DE ETA

Por otro lado, el pleno del Consell también ha aprobado la concesión de una indemnización a una víctima del atentado perpetrado por ETA en Benidorm (Alicante) en julio de 2003, por los daños físicos y psíquicos sufridos. La ayuda asciende a 24.540 euros, cantidad que representa un incremento del 30 por ciento sobre la indemnización estatal de 81.800 euros, en aplicación de lo previsto por la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.

Al respecto, Susana Camarero ha explicado que esta indemnización se concede ahora porque existe un plazo de solicitud de un año desde la resolución de reconocimiento emitida por el Gobierno de España, hecho que se produjo en octubre de 2024. "Las víctimas del terrorismo siguen necesitando nuestra ayuda, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso firme con la memoria y la justicia", ha incidido.

Además, ha aprovechado para vincular este acuerdo con "el espíritu que inspira" la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana y ha defendido: "Frente a quienes cuestionan esta norma, debemos recordar que su finalidad es ampliar la protección, dar cabida a más víctimas, incluyendo a las del terrorismo, ensanchando la memoria democrática y el alcance de la justicia".