VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha afirmado que la Generalitat Valenciana respeta las decisiones judiciales, pero ha recalcado que "continuará defendiendo la constitucionalidad" de la Ley 5/2024, de 26 de julio, de la Generalitat, de Concordia de la Comunitat Valenciana.
Así se ha manifestado este martes la consellera en un comunicado, tras conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a varios artículos de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana y ha suspendido algunos preceptos de la norma valenciana.
La consellera ha señalado que "la suspensión automática de la ley no prejuzga la constitucionalidad" de los preceptos que se recurren y ha agregado que, según el 161.2 de la Constitución, la suspensión "se produce por la simple impugnación por parte del Gobierno".
"Esto no quiere decir que el recurso se vaya a estimar, ni que se haya decidido sobre el fondo del asunto. De hecho, ahora el Tribunal Constitucional puede ratificar la suspensión o levantarla", ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que la Generalitat defiende que "no concurren los argumentos jurídicos esgrimidos que plantean la posibilidad de que pudiera existir una invasión de la competencia estatal".
La consellera ha indicado que el 26 de julio de 2024 se aprobó la Ley 5/2024 de la Generalitat de Concordia de la Comunitat Valenciana y, a finales de septiembre de ese mismo año, la Conselleria de Justicia recibió una invitación para el inicio del procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la creación de una comisión bilateral que finalmente se celebró el 2 abril de este año.
Martínez ha tildado la comisión de "un auténtico paripé y no dio margen para nada" y ha añadido que concluyó sin acuerdo que "superase las salvedades realizadas por el Gobierno" para evitar la interposición de un eventual recurso frente al citado texto normativo, pues el Consell defendía la constitucionalidad de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, "dada en el ejercicio de sus competencias y con pleno respeto y sujeción a la Constitución Española".
La Generalitat ha argumentado que el artículo 1.1 de la nueva Ley de Concordia de la Comunitat "amplía el alcance temporal y conceptual de la protección de la víctima, al reconocer como tales a todas las víctimas de la violencia social y política, así como a quienes han sido objeto de persecución ideológica y religiosa en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y hasta la actualidad".
"La Ley de Concordia es más integradora e inclusiva que la ley anterior. No hay rangos entre las víctimas", ha reiterado la consellera, quien ha señalado que, "con este alcance subjetivo, la Generalitat concilia bajo el reconocimiento explícito de víctimas a todas aquellas personas que lo han sido, con independencia de su adscripción ideológica, política, religiosa o social".
En la misma línea, ha defendido que "para el legislador autonómico no hay distinción entre víctimas". "La Generalitat confiere a todas ellas idéntico tratamiento bajo el principio de igualdad", ha remarcado.
"El Gobierno de España no solo nos somete a una asfixia económica, sino también a una asfixia de nuestra autonomía legislativa. A nosotros nos recurren todo y con otras autonomías de las que son vasallos miran para otro lado. Esta actitud es de todo menos responsable: es desmedida y generadora de desigualdades", ha reprochado Martínez.