ELX (ALICANTE), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Elx (Alicante), Alejandro Pérez, aseguró hoy que el consistorio ilicitano denunciará ante el Ministerio de Vivienda el reparto que la Generalitat valenciana hizo de los más de 13,7 millones de euros que el Gobierno central le transfirió para la financiación de proyectos de rehabilitación de viviendas. Asimismo, dijo que acudirá a los tribunales para que el Consell "explique los criterios arbitrarios" utilizados para adjudicar esas ayudas.
En este sentido, Alejandro Pérez señaló que "de los 47 proyectos de rehabilitación tramitados por la empresa municipal Pimesa", el Ejecutivo valenciano "sólo ha aprobado uno", a pesar de que los proyectos sin subvención "cumplían todos los requisitos establecidos para optar a esas ayudas".
Pérez apuntó, además, que a otros municipios de la provincia de Alicante, con menos habitantes que Elx, como Elda, Santa Pola y Orihuela, "les han sido aprobados un mayor número de proyectos de rehabilitación", a lo que añadió que "Alicante recibirá 145 veces más ayudas que Elx", puesto que se le han concedido subvenciones para proyectos por un total de tres millones de euros.
Alejandro Pérez denunció que "las localidades más beneficiadas con el reparto" del dinero para la rehabilitación de viviendas "están gobernadas por el Partido Popular", por lo que la Generalitat está tomando "una decisión totalmente arbitraria en contra de los ciudadanos de Elx", a la hora de repartir esas ayudas.
"Es un auténtico escándalo político de primera magnitud, están utilizando una institución pública como la Generalitat valenciana para perjudicar a los ciudadanos de Elx y para impedir que el dinero del Gobierno llegue a los ilicitanos", aseguró Pérez, que anunció que "ante este desprecio a Elx y a los ilicitanos" el Ayuntamiento "no se va a quedar de brazos cruzados".
Así, el concejal anunció que el Consistorio interpondrá un recurso de reposición, que de ser rechazado, hará que el Ayuntamiento lleve a la Generalitat ante los tribunales, "para que se vea obligada a explicar las razones de una decisión arbitraria, que sólo parece guiarse por criterios partidistas".
