Convalidado el decreto de movilidad del Consell con los votos de PP y Vox y el rechazo de sectores del taxi y las VTC

   VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El pleno de Les Corts ha convalidado este miércoles el decreto de movilidad del Consell con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSPV y Compromís. La norma ha salido adelante tras una mañana en la que han mostrado su rechazo, a las puertas del parlamento valenciano, organizaciones del sector del taxi y de la asociación MOVVA de vehículos de transporte con conductor (VTC).

   El Decreto ley 5/2026, aprobado el pasado 29 de mayo por el Consell y en vigor desde el 6 de junio tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), modifica el Decreto ley 4/2019, de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante el arrendamiento de vehículos con conductor, y la Ley 13/2017 del taxi de la Comunitat Valenciana.

   Tras salir adelante la convalidación del decreto, PSPV y Compromís han solicitado su tramitación como proyecto de ley, pero se ha rechazado con los votos de PP y Vox.

   Entre las novedades que plantea, prevé la suspensión temporal durante un máximo de dos años del otorgamiento de nuevas autorizaciones de taxi y VTC, salvo vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, hasta que se disponga de un estudio técnico durante un plazo de dos años en base a la Ley de 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres.

   Asimismo, la norma habilita provisionalmente a las VTC domiciliadas en la Comunitat Valenciana para realizar transporte urbano, hasta que se disponga del citado estudio técnico. No podrán acogerse a esta habilitación provisional aquellas empresas sancionadas por dos o más infracciones durante los tres últimos años.

   Para las VTC, la norma establece sanciones de hasta 6.000 euros con inmovilización de vehículo para las que circulen por las calles en busca de clientes o con licencias de otras comunidades autónomas. También multas de hasta 3.000 euros para las VTC que estacionen en la vía pública para captar clientes, en lugares de alta demanda como aeropuertos, estaciones de tren u hoteles, que se elevarán hasta 6.000 euros para titulares reincidentes.

   La regulación elimina la referencia que limitaba exclusivamente a los servicios interurbanos la actividad de las VTC, modifica las condiciones de contratación para suprimir los 15 minutos de espera antes de contratar y establece que cada vez que se sustituya uno de los vehículos VTC se hará por otro vehículo con etiqueta ECO o con etiqueta Cero Emisiones.

   En cuanto a los taxis, se amplía a tres el máximo de autorizaciones de las que puede ser titular una misma persona física, hasta cinco en vehículos adaptados; se mantiene la ratio general de una licencia por cada mil habitantes, aunque podrán concederse nuevas si está justificado, y se elimina la exigencia de plena y exclusiva dedicación en el sector del taxi. Eso sí, se mantiene la incompatibilidad entre la actividad de taxista y la titularidad o conducción asalariada en servicios VTC.

   Además, el decreto unifica el control de transportes y somete a los taxis al procedimiento sancionador de la ley estatal de 1987, dejando la normativa anterior solo para las infracciones cometidas antes de la entrada en vigor del texto ahora convalidado.

PROTESTAS

   Mientras la norma se debatía en el pleno, organizaciones del taxi han escenificado ante las puertas de Les Corts que esta nueva regulación supone la "muerte" de este servicio público. En esta protesta han mostrado carteles y camisetas con mensajes como 'sacrifican el servicio público del taxi para favorecer a cuatro especuladores', 'el taxi y las VTC no pueden convivir' o 'RIP taxi muerto por culpa de la Conselleria'.

   Los taxistas han exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que pida al vicepresidente tercero y conseller de Movilidad, Vicente Martínez Mus, que "deje de jugar al mus": "Es un mentiroso, nos han estado engañando, toreando, diciendo una cosa y que luego hay que convivir. No van a convivir los ladrones con las personas que trabajamos decentemente".

   En representación de las VTC, el presidente de MOVVA, Ricardo González, ha denunciado este miércoles frente a Les Corts que el decreto "no da seguridad jurídica" y "es una patada hacia adelante, que dentro de dos años habrá que volver a negociar".

MUS ABOGA POR UNA "CONVIVENCIA PACÍFICA"

   Por su parte, el conseller Vicente Martínez Mus ha defendido, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts, que en "unos meses quedará demostrado" que el nuevo decreto era "la mejor solución posible" porque "prioriza el interés general" y pone "sentido común en el conflicto" entre VTC y taxis.

   Mus ha asegurado que en la Generalitat eran conscientes de que "ninguna solución iba a agradar a ninguno de los sectores" porque se autoplantean como "excluyentes". Según ha expuesto, era "imposible contentar" a los dos porque son "antagónicos": "las VTC pretenden sustituir a los taxis y los taxis no quieren que los VTC trabajen". "Y los ciudadanos nos claman por una convivencia pacífica entre los dos sectores, y es lo que hemos intentado conseguir", ha subrayado

   Por eso ha indicado que se ha establecido una moratoria de hasta dos años --durante los que se suspende temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones de VTC y de taxi en áreas de prestación conjunta de la Comunitat Valenciana-- para efectuar un estudio que "avale cuál tiene que ser el mejor número de autorizaciones y cómo equilibrarlas entre los dos sectores".

   "Vamos a tener tiempo para modular la solución, pero desde luego el punto de partida ha sido muy meditado, ha sido muy hablado con los dos sectores en numerosísimas reuniones que hemos tenido con ambos y hemos procurado coger parte de las reivindicaciones de cada uno de ellos y por supuesto, todas las que tenían en común", ha reivindicado.

   Además, el titular de Movilidad ha señalado que se pretende terminar con la inseguridad jurídica después de que "la justicia haya anulado normativas tanto a nivel estatal como autonómico e incluso local, en especial la impulsada por el Botànic", el gobierno autonómico entre 2015 y 2023.

   Por otro lado, el pleno de Les Corts ha aprobado el dictamen de la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda sobre el proyecto de ley del Consell de medidas urgentes ante la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, también con los votos a favor de PP y Vox.