CASTELLON, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Funcionarios de la Administración General del Estado y representantes de la Diputación Provincial de Castellón firmaron hoy el acta de recepción y entrega de los inmuebles del castillo y murallas de la localidad castellonense de Morella, cuya concesión administrativa por parte del Ministerio de Cultura había finalizado en aplicación de la cláusula VI del pliego de condiciones que especifica las causas de finalización de la concesión, según informaron en un comunicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
La ministra de Cultura emitió el 30 de junio de 2006 una resolución en la que, según lo dispuesto en esa cláusula, procedía al rescate de la concesión administrativa de uso del castillo y murallas, para lo que daba a la Diputación un plazo de seis meses desde la notificación de la resolución para poner los citados inmuebles a disposición de este departamento del Gobierno central.
La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales recuerda que la Orden de 30 de marzo de 2001, que firmó la ministra Pilar del Castillo Vera, por la que disponía otorgar a la Diputación Provincial de Castellón la concesión administrativa de uso del inmueble castillo y murallas de Morella, para su mantenimiento, restauración y rehabilitación, establecía el "sometimiento expreso" por ambas partes a las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones que acompañaba a esa orden.
El pliego de condiciones fue aceptado plenamente por la Diputación provincial de Castellón, como así lo firmó su vicepresidente primero, Francisco Martínez Capdevilla, en el acta de entrega del castillo el 29 de octubre de 2001, según dichas fuentes.
El pliego de condiciones establece en su cláusula VI (finalización de la concesión) que, a la finalización de la concesión por cualesquiera de las causas estipuladas, "se producirá la reversión de los inmuebles a la Administración del Estado, con sus eventuales mejoras y accesiones, quedando extinguido automáticamente el derecho de ocupación de los inmuebles otorgados a la Diputación por medio de la presente concesión".
La cláusula referida establece que "la Administración del Estado no asumirá, en ningún caso, los contratos de trabajo que pudiera haber concertado la Diputación para el cumplimiento de sus fines", sin que, por tanto, "pueda en forma alguna entenderse que la reversión implica la sustitución de empresa prevista en la legislación laboral vigente", añadieron.
