VALNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha indicado que el desalojo del Forn de Barraca "se ha producido sin incidentes de relevancia" y ha lamentado "que se utilicen acciones como ésta para la dialéctica pre-electoral".
Según ha indicado la delegación en un comunicado, "de las ocho personas que se encontraban en el edificio, cuatro han salido voluntariamente y otras cuatro han sido detenidas por resistencia a la autoridad".
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha manifestado "que las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado durante la jornada de hoy se enmarcan dentro del desarrollo de la ampliación de la V-21".
El Forn de Barraca fue expropiado "por la Administración General del Estado el pasado 16 de julio y, efectivamente licitado el importe de la finca a sus anteriores propietarios en la misma fecha". "Por tanto, queda escriturada en el Registro de la Propiedad y demás registros públicos como propiedad del Estado desde la fecha citada. Esta propiedad pasa a formar parte de la zona de afectación de la ampliación de la V-21", ha indicado.
"Con fecha 16 de septiembre de 2019, los anteriores propietarios de la finca hacen entrega de las llaves de la edificación objeto de la expropiación, a los legales representantes de la Administración General del Estado", han relatado.
La demarcación de Carreteras dependiente de esta Delegación del Gobierno "solicitó el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado para llevar a cabo el desalojo de las personas que impedían desde el pasado día 17 el normal desarrollo de las obras previstas en el proyecto".
El 18 de septiembre "la Guardia Civil les informa que deben abandonar el lugar al día siguiente, esto es el día 19, y hoy, día 27 de septiembre, se ha procedido al desalojo de las ocho personas que se encontraban en la construcción, propiedad del Estado".
La vivienda no cumplía con "las condiciones de habitabilidad ni accesibilidad requeridas". "Cualquier afectación de las personas que estaban ocupándola de manera irregular podría suponer que el Estado, al ser su propietario, fuera responsable civil subsidiario", han agregado.
