El desarrollo reglamentario de la 'prioridad nacional' excluirá de ayudas a personas en situación irregular

   VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

   PP y Vox han acordado que el desarrollo reglamentario de la 'prioridad nacional' en la Comunitat Valenciana contemple "la exclusión del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural de las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, limitando su acceso exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico".

   Esta es una de las enmiendas que han registrado este viernes por la tarde los dos grupos a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, que se debatirán el próximo lunes en comisión en Les Corts. El próximo viernes será el pleno en el que previsiblemente se aprobará la ley de acompañamiento con los votos de PP y Vox, que ya dieron luz verde esta semana a los presupuestos.

   En una de las propuestas firmadas por los síndics de PP y Vox, Nando Pastor y José Mª Llanos, respectivamente, establecen que "el Consell aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas e inspiradas en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana".

   Así, según han acordado PP y Vox, el desarrollo reglamentario contemplará, "en todo caso", un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema" y, por último, "la exclusión de las personas en situación administrativa irregular" a las prestaciones y servicios sociales "de carácter estructural".

   En esta misma enmienda, los dos grupos incluyen en la Ley 3/2019, de servicios sociales inclusivos, como principio general y transversal, que "se procurará la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable", con el objetivo de "asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante al territorio".

   En otra enmienda conjunta, PP y Vox establecen que el acceso a la renta valenciana de inclusión "se inspirará en el acceso a la prioridad nacional", con los mismos objetivos citados anteriormente.

PERIODOS MÍNIMOS DE RESIDENCIA

   Según exponen, "se considerará cumplido el requisito de residencia habitual cuando conste el empadronamiento en cualquier municipio" valenciano durante alguno de estos dos periodos mínimos: "tres años de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud" o "diez años dentro de los 30 inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpido".

   En materia educativa, ambos grupos fijan que los comedores escolares deberán "garantizar la igualdad" en los alimentos que sirvan a los alumnos, "salvo que por razones médicas deban ofrecerse alternativas".

LIMITACIÓN DEL USO DE BURKA O NIQAB

   Por otro lado, PP y Vox establecen entre las obligaciones de los funcionarios "mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que lo oculten sustancialmente" y exceptuando supuestos de prescripción médico-sanitaria o por normativa de riesgos laborales. Añaden como falta grave incumplir esta obligación.

   En la misma línea, incluyen "como razón objetiva de denegación de acceso y permanencia" en establecimientos públicos a las personas que porten "prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial".

COMPROMÍS ANUNCIA UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

   Tras conocer estas enmiendas, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, denuncia que "una vez más vemos cómo el PP se arrodilla ante Vox y pactan medidas que van contra los consensos más básicos de la sociedad".

   "Los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo. Somos un pueblo digno e integrador. Y sabemos que nuestro problema no está en nuestros vecinos que han nacido fuera, sino en los políticos de PP y Vox que enchufan a sus amigos y reparten las viviendas públicas entre sus militantes", manifiesta en declaraciones remitidas a los medios.

   Es por eso que Baldoví anuncia que Compromís impulsará un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento "y a todos los recortes de derechos pactados por PP y Vox".

PSPV CREE QUE "LLORCA DEBE ELEGIR" ENTRE LOS VALENCIANOS O VOX

   Por su parte, para el síndic del PSPV, José Muñoz, estas enmiendas suponen "un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunitat Valenciana" porque PP y Vox pretenden "extender la mal llamada 'prioridad nacional', el apartheid institucionalizado, al resto del ordenamiento jurídico de la Comunitat Valenciana y, en concreto, a las leyes de carácter social, convirtiendo el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos y quién tiene menos". "Esto se llama discriminación y crueldad institucionalizada", subraya en un comunicado.

    "La aberración llega al extremo de que, a través de las enmiendas, se encarga al Consell que haga un desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional, es decir, que elabore el Reglamento del Racismo institucionalizado en la Generalitat. Es repugnante", denuncia, y advierte que "la debilidad de Pérez Llorca y sus continuas cesiones ante la ultraderecha están convirtiendo la Comunitat Valenciana en un laboratorio de la inhumanidad": "Cada vez que el PP cede ante Vox, la extrema derecha avanza, y cada vez que Pérez Llorca asume sus postulados, el racismo deja de ser un discurso marginal para convertirse en política de gobierno".

   Muñoz cree que ambos partidos "están señalando a las personas migrantes y utilizando sus derechos como moneda de cambio para mantenerse en el poder". Y avisa al PP que "está permitiendo una cosa que es especialmente grave: normativizar el racismo. Quieren convertir la discriminación en ley, vestir de legalidad la exclusión. Es una deriva profundamente inhumana y peligrosísima, está rompiendo el principio básico de igualdad".

    Tras reivindicar que "la Comunitat Valenciana no puede convertirse en el campo de pruebas de la extrema derecha, ni en el lugar donde un presidente débil permite que el racismo se convierta en norma", recalca que "Llorca debe elegir: o defiende la igualdad y los derechos de todas las personas, o sigue arrodillado ante Vox y asume toda la responsabilidad por convertir la discriminación en política pública".