CASTELLÓN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Rubén Ibáñez, anunció hoy que la institución provincial "está por la labor" de movilizarse si en el plazo de un mes el Gobierno central no concede las ayudas económicas que el sector cerámico está reclamando.
Ibáñez se pronunció así en el pleno ordinario que celebró hoy la corporación provincial, el primero que presidió Francisco Martínez en ausencia del presidente provincial, Carlos Fabra, por baja laboral. El vicepresidente tercero de la institución realizó estas declaraciones durante el debate de la declaración institucional presentada por el grupo popular de apoyo al manifiesto de Ascer y UGT y CCOO para que el Ejecutivo central adopte las medidas necesarias en defensa del sector cerámico, la cual fue aprobada por unanimidad.
El portavoz del grupo socialista, Francesc Colomer, dio su apoyo a dicha declaración "a pesar del comportamiento sectario y partidista del equipo de gobierno", ya que, según dijo, "además de citar al Gobierno central, en el texto se debería de haber incluido a la Generalitat Valenciana para no dar la espalda al espíritu de la petición de Ascer y los sindicatos".
El pleno también aprobó por unanimidad una declaración institucional de los tres grupos políticos con representación en la corporación provincial --PP, PSOE y Bloc-- en la que se acuerda la adhesión al dictamen del Consell Valencià de Cultura a favor de la casa natalicia de Francesc Pérez y Baier, así como pedir a su presidente, Santiago Grisolía, que siga reclamando ante la administración valenciana para que esta casa no se destruya.
Así mismo, salieron adelante dos mociones del Bloc para instar al Gobierno central a la liberalización de la AP-7 en el tramo que discurre por territorio valenciano y para solicitar la transferencia de competencias en el ámbito de costas a la Generalitat y una moratoria en la aplicación de la Ley de Costas, que contaron con la abstención del PSOE.
Además, se aprobaron tres mociones del grupo popular para reconocer el arraigo de los chiringuitos de las playas, para rechazar la subida del IVA aprobada por el Gobierno central y para ejecutar el desdoblamiento de la N-340 en el tramo Castellón-Benicàssim-Oropesa. Esta última moción fue calificada por Colomer de "contradictoria", y afirmó que "lo que debería de hacer la Generalitat es pagar lo que debe a las empresas de la provincia para que puedan retomar las obras en carreteras".
El pleno rechazó, con los votos del grupo popular, dos mociones del grupo socialista sobre el impulso de medidas de lucha contra el fraude fiscal y para instar al Consell a cumplir "sin retraso" los compromisos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, así como a la Diputación a realizar un estudio sobre el estado de cumplimiento de la citada ley en Castellón.
En este último punto, el vicepresidente Rubén Ibáñez señaló que es "innecesario" el estudio que solicitaban los socialistas, "puesto que ya hay estadísticas oficiales". Al respecto, señaló que, desde que se ha puesto en marcha la Ley de Dependencia y hasta la actualidad, el Gobierno central ha invertido 158 millones de euros, mientras que la inversión de la Generalitat se eleva a 684 millones de euros".
Así mismo, explicó que de los 283 millones de euros que repartió el pasado año el Gobierno central para la dependencia, 55,9 millones fueron a parar a Andalucía, 47,4 millones se destinaron a Cataluña y tan sólo 26 millones fueron para la Comunitat Valenciana, "cuando nuestra autonomía es la cuarta con mayor número de dictámenes emitidos", dijo Ibáñez, quien añadió que el Ejecutivo central "deja a la cola a los dependientes de la provincia de Castellón".
RUEGOS Y PREGUNTAS
En el apartado de ruegos y preguntas, el PSPV demandó al presidente en funciones de la Diputación, Francisco Martínez, que haga un "ejercicio de coherencia" y, tal y como ocurre en el consistorio provincial, permita en el próximo pleno de Vall d'Alba, que él mismo preside, que puedan acceder las cámaras de los medios de comunicación "para trasladar a los ciudadanos los acuerdos públicos".
Por su parte, el portavoz socialista, Francesc Colomer, demandó la convocatoria de la Junta de Portavoces "para saber si habrá alguna reestructuración en la Diputación ante la ausencia de Carlos Fabra y cuál será el futuro de la institución en el resto de la legislatura".
Tras interrumpir su intervención para quejarse de que el diputado de Cultura, Miguel Ángel Mulet, le estaba haciendo una foto con el móvil, Colomer apuntó, finalmente, la "necesidad" de garantizar un proceso de selección "justo y que valore el mérito y no otras cuestiones" en la convocatoria para acceder a las plazas de auxiliar administrativo en el Hospital Provincial, puesto que, según dijo, "el Hospital Provincial es un cobijo laboral de muchos amigos del PP".
