Los economistas atribuyen la crisis de la vivienda a la inseguridad jurídica y la falta de inversión pública

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los economistas de la Comunitat Valenciana creen que la inseguridad jurídica y la falta de inversión en vivienda pública son las principales causas de la crisis de precios, que ven como un problema estructural de oferta y gestión.

Esta es una de las principales conclusiones de una nueva edición de la encuesta 'Los economistas opinan' que ha presentado el Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana este miércoles y que recoge la perspectiva de los profesionales de las tres provincias a través de encuestas sobre la situación de la economía y, en esta edición, también del mercado de la vivienda, entre otras cuestiones.

Los encargados de dar a conocer los resultados de esta edición han sido Juan José Enríquez, decano del Colegio de Economistas de Valencia, Francisco Menargues, decano presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, y José Manuel Salvador, decano del Colegio de Economistas de Castellón.

Las encuestas reflejan un "consenso abrumador" sobre la gravedad de la situación, ya que el 86,36% de los economistas coinciden en que la falta de vivienda asequible es un freno para la emancipación juvenil y la atracción de talento.

Es en Valencia y Alicante donde mayor porcentaje de preocupación se muestra. Castellón, sin embargo, no expresa tal nivel de preocupación al ser una zona menos tensionada.

En cuanto a las causas, empatan con una puntuación media de 4,09 sobre diez la inseguridad jurídica y el abandono de lo pública. Así, los economistas creen que la inseguridad "está detrayendo numerosísimas viviendas del mercado", ha señalado Enríquez.

La misma calificación es para la "falta de inversión en vivienda pública". Los expertos advierten que mp existe un parque público que sirva de contrapeso al mercado.

En un segundo nivel de importancia, los economistas han situado el déficit de planificación urbana como la tercera causa (3,98/5) y también han apuntado a la "presión del turismo y la inversión extranjera" con un 3,82 y el "exceso de oferta de viviendas turísticas" con un 3,58.

En cambio, los economistas no culpan de la situación a factores demográficos: la creación de nuevos hogares por parte de la población inmigrante tiene una nota de 2,79 y la reducción del tamaño del hogar medio (más personas viven solas, por lo que se necesitarían más viviendas) un 2,87, en las últimas posiciones de la tabla. "Los compañeros han dado relevancia a los mecanismos de oferta, no es un problema de demanda sino de oferta", ha destacado Enríquez.

RECHAZAN EL CONTROL DE PRECIOS

En consonancia, las soluciones defendidas en las encuestas también inciden en la oferta. La más defendida es "actuar de forma inmediata ante los fenómenos de ocupación e infravivienda", con una nota de 4,29 puntos, seguida de "aumentar la inversión pública en vivienda asequible", con una nota de 4,26, "prácticamente en paralelo".

La tercera propuesta con más apoyo es "aplicar deducciones fiscales a la compra o alquiler de vivienda habitual", con una puntuación de 4,07, seguida de medidas como reducir las trabas urbanísticas y administrativas para la promoción de vivienda, reducir el impuesto de transmisiones patromoniales (TPO) en la compra de vivienda usada y ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que alquilan sus viviendas.

El informe destaca el "rechazo" de los economistas a establecer límites a las subidas del precio del alquiler (2,62) y señala que se da una "paradoja" en el caso del turismo: aunque aparece como un factor de tensión en su diagnóstico, limitar o prohibir las viviendas turísticas obtiene una puntuación baja, del 3,16.

"Las medidas prohibitivas no son bien apreciadas por los economistas como solución", ha destacado Enríquez, que subraya la opinión generalizada de querer "más oferta, no restringir demanda". En el caso del turismo, las viviendas "presumiblemente no de destinarían al alquiler normal si no se solucionan los problemas de inseguridad jurídica", ha apuntado Menargues.