Educación defiende el decreto de convivencia para "actualizarse a la realidad" y la oposición lo ve "pura propaganda"

   VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido el nuevo decreto de convivencia del sistema educativo valenciano por ser una norma necesaria para "actualizarse a la realidad de las aulas". Asimismo, ha subrayado que ofrece "seguridad jurídica" al personal docente y una "protección integral" a los escolares y devuelve "claridad normativa", al tiempo que ha reivindicado que supone un "punto de partida" para trabajar "en la misma dirección" y situar al alumnado "en el centro de todo".

   Así lo ha expuesto en su comparecencia este jueves en la comisión de Educación y Cultura de Les Corts, solicitada a petición propia y por el PP, en la que el PSPV y Compromís han denunciado que el mismo supone un "retroceso democrático sin precedentes" en áreas como la igualdad y lo han calificado de "pura propaganda".

   McEvoy ha apelado al "consenso social y profesional" y al "clamor amplio, razonado y legítimo" desde "voces diversas" como la comunidad educativa, las familias, los equipos directivos y los propios docentes, que coinciden en la necesidad de "actualizar, corregir o mejorar" la regulación para hacerla "más eficaz y justa". Para ello, ha apostado por actuar "para adaptar las normas a la realidad viva" de la sociedad.

   A su juicio, este decreto "no trata solo de sancionar conductas inadecuadas, sino de construir una convivencia que eduque y que repare", ofrece "calidad, equidad, oportunidades reales para todos los estudiantes y un compromiso sostenido con la excelencia y la inclusión" y nace de una "necesidad acreditada", por lo que "no es fruto de la improvisación ni de la ignorancia". "Nuestros centros viven en una realidad cambiante y la regulación ha de adaptarse bajo riesgo de quedar obsoleta", ha señalado.

   En este sentido, ha reivindicado que el decreto "obedece a razones de actualización normativa necesaria" para que esta no sea "un obstáculo directo para proteger a las posibles víctimas, para actuar con rapidez ante el acoso y para respaldar la autoridad del docente". Y también responde a la "simplificación procedimental", con el fin de actuar "con mayor celeridad, reduciendo tiempos y recursos". "Esta actualización no solo es oportuna, es justa, necesaria y estratégica", ha resaltado.

"CORREGIR EL DESAJUSTE"

   Con ello, ha avanzado que el desarrollo de la futura orden de convivencia, en aplicación del citado decreto, "corregirá el desajuste" y construirá un marco "coherente y útil": "Representa una oportunidad excepcional porque evita la existencia de normas dispersas o descoordinadas que generen confusión y porque permitirá que los equipos docentes profundicen en los contenidos de la normativa, comprendan mejor sus implicaciones y la apliquen de manera más sólida".

   De hecho, ha advertido de que el decreto anterior "carecía de la concreción necesaria para una aplicación concisa" y trasladaba a equipos directivos y docentes "una carga interpretativa que no les correspondía y que generaba un déficit de seguridad jurídica".

   Asimismo, ha sacado pecho de que el decreto ha nacido de un proceso de "escucha activa" para que responda a "las necesidades reales de gestión de la convivencia en las aulas", una situación que, según ha destacado, ha permitido que la norma no salga "de un despacho, sino del contacto directo con quienes sostienen el día a día de los centros", al que se han sumado las "aportaciones" de la sociedad civil y las enmiendas del Consejo Escolar, entre ellas la incorporación del valor de la igualdad.

CUATRO EJES

   El secretario autonómico de Educación ha concretado que el decreto de convivencia se sustenta en cuatro ejes: la "corresponsabilidad" para "transformar las aulas en auténticos refugios de respeto y bienestar"; el "rigor técnico", que la aleja de "ocurrencias y nos acerca a lo que funciona"; la "transversalidad", mediante la coordinación con otras consellerias para proteger la salud mental; y la transparencia.

   Entre las novedades, ha apuntado el refuerzo de la autoridad docente al tipificar como falta grave el daño u ofensa con el fin de demostrar que el respeto al profesorado "no es opcional", la igualdad como "principio vertebrador" con medidas concretas como la prohibición taxativa de la mediación o la conciliación en casos de violencia sexual o de género para "evitar la revictimización", y la "protección radical" de la víctima.

   Además, ha reivindicado el "avance histórico" en salud mental mediante las unidades de detección precoz para identificar alteraciones emocionales antes de que deriven en situaciones de violencia o exclusión y ha indicado que el decreto redefine las conductas en faltas leves y graves, con lo que "elimina ambigüedades", y opta por un lenguaje "más comprensible", de manera que abandona una terminología "excesivamente técnica o confusa". "Se trata de llamar a las cosas por su nombre", ha justificado.

GRUPOS

   Respecto a las intervenciones de los grupos, Beatriz Gascó (PP) ha apelado al derecho del alumnado a recibir una educación en un entorno "estable y seguro" y ha sacado pecho de que, donde "antes habían procesos largos, ahora se ha dado estabilidad y claridad normativa". Ha resaltado que una de las novedades es la incorporación de mecanismos que permiten una "actuación inmediata" y ha lamentado que la anterior norma no era "nada operativa".

   De su lado, José Luis Lorenz (PSPV) ha acusado al secretario autonómico, el "segundo de a bordo" de la Conselleria de Educación, de "cargarse la igualdad" con un decreto que "niega la violencia de género" y le ha reprochado que no escuche a la comunidad educativa. "¿Puede dormir tranquilo? ¿No tiene remordimientos?", le ha preguntado. "Han cambiado la terminología para agradar a la extrema derecha", le ha espetado.

   Desde Compromís, Verònica Ruiz ha advertido de que el decreto supone un "retroceso democrático sin precedentes" y ha denunciado que "borra" la igualdad, algo "peligroso" e "ideológico", y le ha reprochado que saque pecho del diálogo cuando "más de 80 entidades" han advertido de que "legitima la deriva reaccionaria". Y Gerard Fullana le ha entregado la exposición razonada de la jueza de la dana para investigar al 'expresident' Carlos Mazón, donde se especifica "la falta de actuación" del entonces conseller de Educación, José Antonio Rovira, el día de la riada, para que se lo entregue a la actual titular de este departamento, Carmen Ortí.

   Y Julia Llopis (Vox) ha valorado que supone "un avance" para actuar con "rapidez y contundencia", pero ha abogado por trabajar en la "corresponsabilidad de la familia", ha advertido de que la norma "solo se enfoca en el alumnado, cuando la convivencia es de toda la comunidad educativa", y ha avisado de que se han "disparado las alarmas" ante el aumento de agresiones físicas y psicológicas en las aulas.

"PROBLEMA" CON LAS AGRESIONES

   En su respuesta, el secretario autonómico ha reconocido que existe un "problema" con las agresiones al profesorado y ha instado a reflexionar sobre la posibilidad de introducir cambios en la normativa para respaldar a los docentes "hasta las últimas consecuencias". "Que un profesor tenga que coger una baja porque se sienta acosado e incomodado en su trabajo nos parece absolutamente deplorable", ha expresado, y ha abogado por "perder el miedo a denunciar".

   Además, McEvoy ha negado que exista un "retroceso democrático" en áreas como la igualdad y ha defendido que este decreto "habla más" sobre ello que el anterior, por lo que a su juicio "no tienen comparación". También ha replicado ante las críticas del PSPV y Compromís: "Me acuesto muy temprano y duermo como un lirón porque lo hago cansado por el trabajo desempeñado y porque tengo la conciencia tranquila".