Presenta un documento con medidas que incluye un plan de inspecciones, protocolos de actuación sobre competencia desleal
VALENCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha alertado este miércoles de que el instrusismo profesional en las instalaciones y mantenimiento de los servicios del metal alcanza el 40% de la actividad y afecta a 2.000 empresas, por lo que ha instado a la administración a "un mayor control" de estas prácticas ilegales que no solo pasan factura a las empresas, sino que ponen en riesgo la seguridad de los usurarios. "El instrusismo causa daños irreparables y cuesta vidas", ha subrayado.
Ante esta situación, la federación ha elaborado un documento para perseguir la actividad ilegal que propone la elaboración de un plan de inspecciones, protocolos de actuación para la presentación, análisis y seguimiento de las denuncias sobre competencia desleal y la colaboración público-privada para la puesta en marcha de mecanismos de control.
Así lo ha indicado el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, en una rueda de prensa, acompañado por las asociaciones ASELEC, ASEIF, AVICLIMA y FEVAUTO, en la que ha advertido de que esta situación no solo se mantiene a pesar de estar en una situación económica mejor, sino que incluso va en aumento. Por ello, ha solicitado a la administración ir "más rápido" en la lucha contra este problema.
Lafuente ha explicado que los sectores más afectados son las instalaciones eléctricas y de gas, fontanería, climatización y frío, ascensores y talleres de reparación de vehículos porque, según ha admitido, "hay gente que con una mínima preparación y una caja de herramientas es capaz de ir a una vivienda a decir que sabe hacer una instalación y la persona de esa casa por ahorrarse el dinero es capaz de aceptarlo".
El problema, ha puntualizado, no es por falta de reglamento, sino de cumplimiento de la norma e inspección en las empresas ya que al no existir un listado de ilegales, cuando se hacen campañas de inspección "van siempre contra los que lo hacen las cosas bien".
COMPETENCIA DESLEAL DE GRANDES SUPERFICIES
Por sectores, ha indicado que en España dos de cada 10 talleres son ilegales y aunque se descubren "sólo se les pone una sanción administrativa y no se cierran", mientras que para el sector de mantenimiento de aparatos y sistemas de protección de incendios ha advertido de que el problema es la existencia de la figura de los piratas, individuos con una furgoneta y pegatinas que se realizan esta labor sin autorización o registro alguno, ni instalaciones apropiadas para hacer recargas o retimbrados.
Por otro lado, ha criticado la competencia desleal por parte de las grandes superficies que venden aparatos a personas que técnicamente no están habilitadas para instalar una caldera o un calentador. "Esto es como vender a un coche a una persona sin carné", ha puntualizado.
En el caso de las instalaciones eléctricas ha señalado que el usuario está desprotegido porque los intrusos "carecen de seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles accidentes personales y desperfectos que puedan ocasionarse".
"EL INTRUSISMO SALE CARO"
A su juicio, "el intrusismo sale caro" porque "pasa factura" a las empresas que legalmente desarrollan su actividad por el daño económico y competencia desleal que supone, así como por "la falta de efectividad de la Administración ante actuaciones irregulares" y por "los daños irreparables que provoca que pueden traducirse en una menor calidad de vida e incluso costar vidas".
De hecho, ha puntualizado que el 11% de los incidentes en las viviendas están relacionados con las instalaciones eléctricas o muertes por electrocución. También, ha indicado que los aparatos de climatización y frío generan trastornos de salud como asma, alergias, legionella, infecciones respiratorias, problemas musculares, rinitis, conjuntivitis o faringitis y una inadecuada reparación aumenta el riesgo de accidentes que pueden causar lesiones, incluso muertes.
MEDIDAS
Ante esta situación, Femeval junto a sus principales asociaciones afectadas, han consensuado un documento de medidas para combatir la competencia desleal que aboga por potenciar la labor de inspección, el seguimiento, vigilancia y sanción del mercado para garantizar un entorno en el que todos los operadores del mercado actúen bajo "las mismas reglas del juego".
Asimismo, se apuesta por buscar fórmulas de colaboración público-privada para mecanismos de control dado que la propia Administración "no tiene capacidad" y "va al ritmo que puede". "Nosotros pensamos que tienen que ir mas rápido porque el intrusismo afecta tanto a la seguridad como a la hacienda y tendrían que ponerse los medios para que los reglamentos ya existentes de seguridad industrial se pongan en funcionamiento", ha apuntado.
Asimismo, las empresas del metal instan a elaborar un Plan de Inspecciones en el que se garantice que todas las empresas que hayan presentado una declaración responsable reciban una visita de comprobación, en el plazo máximo de 30 días, y a establecer protocolos de actuación para la presentación, análisis y seguimiento de denuncias sobre competencia desleal y alcanzar un compromiso de las administraciones públicas para realizar una campaña coordinada de lucha contra el intrusismo y la piratería.
De igual modo, proponen la generación de tasas por revisión económicas que conllevarían ingresos a la Administración y generarían empleo, así como crear comisiones conjuntas con los representantes de las áreas de las diferentes administraciones tanto del ámbito municipal como autonómicas.
Respecto a la concienciación ciudadana, el documento aboga por alertar de la peligrosidad de contratar estas actividades ilegales, apelando a la responsabilidad de los proveedores a la hora de suministrar material a trabajadores no habilitados y a la del consumidor final tanto en la instalación como mantenimiento y a la desprotección que les lleva a la hora de reclamar negligencias en sus instalaciones.
Por último, se solicita la obligatoriedad de adherirse a un Seguro de Responsabilidad Civil, y se propone diseñar un 'sello Femeval' de empresa colaboradora y/o certificada por la federación, que asegure los cumplimientos legales. "Necesitamos el compromiso de la administración para recorrer juntos el camino. Esto es un paso ético y moral que hay que dar de manera sólida y decidida", ha zanjado Lafuente.
