VALENCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El diputado del grupo de no adscritos en las Corts y miembro de EUPV Lluís Torró considera que las medidas propuestas por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y el Colegio Oficial de Economistas de Valencia (COEV), como el copago en sanidad y educación o la privatización de empresas semipúblicas que generen pérdidas, buscan "sustituir los derechos sociales por la caridad pública".
En un comunicado, Torró ha señalado que los empresarios y economistas valencianos que abogan por la introducción de fórmulas de copago en esos servicios públicos "no son conscientes del perjuicio que puede provocar esta medida en la ciudadanía".
Al respecto, ha reivindicado que "la eficiencia de los servicios públicos no se debe medir sólo por su rendimiento económico, sino por el cumplimiento de los objetivos, en cantidad y calidad, de los servicios prestados".
En su opinión, "la privatización no garantiza una mejor gestión, ni siquiera desde el punto de vista estrictamente económico", ya que "se trata de negocios asegurados con dinero de los impuestos de todo el mundo" y "la privatización de los servicios públicos acaba incrementando los costes, deteriorando su calidad o las dos cosas a la vez".
"El problema no es que las empresas sean públicas, sino que se usan para gestionar privadamente servicios públicos", ha recalcado Torró, quien ha incidido asimismo en que "la deuda excesiva que pesa sobre la administración valenciana viene causada porque se ha hecho mal uso del gasto y no porque ésta sea pública".
El diputado también ha defendido que "la necesidad de racionalizar el gasto público no justifica el adelgazamiento del Estado", a lo que ha agregado que "las privatizaciones suponen más corrupción, más corrupción supone un gasto público más ineficiente y un gasto público más ineficiente supone un problema económico que acaban pagando las personas con menos recursos, que son las que sólo pueden acceder a estos servicios garantizados por el Estado".
A juicio del representante de EUPV, "sólo la creación de mecanismos de participación democrática, la multiplicación de controles y el incremento de la transparencia pueden asegurar una orientación eficiente del gasto público".
Así, Torró ha destacado que es necesario incrementar los impuestos directos y "hacerlos más progresivos, es decir, que pague más quien más tiene", por considerar que esa medida "permitiría garantizar y ensanchar los servicios y, sobre todo, mantenerlos como derechos universales y no reducirlos al estatus de concesiones graciosas y de cariz caritativo".