La exdirectora de la Casa Cuna de Valencia declarará ante el juez por no ofrecer datos de madres biológicas

VALENCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora de la Casa Cuna Santa Isabel, sor Aurora Gallego, tendrá que declarar ante el juez a finales de este mes por no ofrecer información de las mujeres que dieron a luz en la institución y cuyos hijos dieron posteriormente en adopción, dentro del conocido caso como 'niños robados'.

El letrado y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, interpuso una querella por la negativa de la Casa Cuna de darles información sobre madres biológicas y por un supuesto tráfico de bebés en la institución. En concreto, aludía a presuntos delitos de coacciones, detención ilegal, falsedad en documentación pública, alteración de la paternidad, falso testimonio y estafa.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, tras estudiar la querella, ha acordado admitirla a trámite por el delito contra la integridad moral de las personas, sin perjuicio de ampliarlos si a lo largo de la instrucción se constata algún otro ilícito penal.

Así, acuerda citar a declarar, con instrucción de derechos y asistencia de letrado, a sor Aurora; al abogado Eduardo García, que custodiaba los archivos de las adopciones; y a la legal representante de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. Todos ellos declararán el 26 de mayo en calidad de querellados, según consta en la resolución judicial.

Al respecto, la concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo, y el diputado provincial de esta formación política, Emili Altur, han exigido que las instituciones dejen de subvencionar a la Casa Cuna. Han recordado que la Alcaldía del Ayuntamiento le tiene asignada una subvención de 6.000 euros anuales; y la Diputación, dentro del Plan de Subvenciones, 20.000 euros para el periodo 2011-2015.

Han indicado que desde 1991, "año en que llegó a la Alcaldía Rita Barberá, el Ayuntamiento ha concedido más de 528.000 euros a la Casa Cuna, lo que hace una media de 20.600 euros anuales". "Esta cifra --han agregado-- se ha incrementado progresivamente desde las 60.000 pesetas, 360 euros, hasta los 36.000 euros de 2004".

Compromís ya denunció la concesión en 2011 del título de hija adoptiva de la ciudad a Aurora Gallego, "que ya estaba acusada de graves delitos en uno de los casos más gordos de nuestra historia".