El exgerente de Jaume II El Just defiende que a Benavent lo contrató González Pons y "hacía trabajos para la fundación"

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II el Just, ha defendido en el juicio que se sigue contra él y otros cuatro acusados más por la pieza E de Imelsa, que a Marcos Benavent, quien trabajó en la entidad antes que en Imelsa, lo contrató el entonces conseller de Cultura Esteban González Pons y ha aclarado que "sí" hacía trabajos para la entidad. "Yo no contraté a Benavent ni tampoco el patronato. Lo hizo el conseller de Cultura como presidente de la fundación y conseller", ha dicho.

Burgos se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados en esta pieza de Imelsa, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón. Junto a Burgos hay cuatro acusados más en este procedimiento: Benavent y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias --Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent--.

Fiscalía reclama provisionalmente para Benavent, que fue antes de su cargo en Imelsa empleado de la Fundación Jaume II el Just, la pena de seis años y medio de prisión por los delitos de cohecho --como cooperador--, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Así mismo, el fiscal reclama otros cinco años de cárcel para Vicente Burgos, exmarido de Alcón; y tres años de cárcel para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.

En su declaración, Burgos, quien fue gerente de la fundación entre octubre de 2003 y noviembre de 2007, ha explicado que a él lo nombró el patronato de la fundación a través de su presidente, Esteban González Pons, quien era en ese momento también conseller de Cultura.

Ha basado su testimonio en destacar que no tenía capacidad para contratar ni gestionar las cuentas de la fundación y en negar que propusiera la contratación de Benavent o que éste no trabajase y cobrara por ello. "Mis funciones eran limitadas. Me dedicaba a funciones ordinarias de la fundación. Era un mero gerente ordinario sin capacidad legal para contraer obligaciones a nombre de la fundación", ha recalcado.

En esta línea, el acusado ha aclarado que la fundación era de naturaleza jurídica "privada" con finalidad de interés general y ha remarcado, en relación con Benavent, que "estaba adscrito al gabinete del conseller, Esteban González Pons". "El gabinete --ha explicado-- era una unidad personalísima del conseller que se nutría de personal directo contratado por razón de confianza por el conseller o adscrito al mismo de otros organismos despendientes del conseller".

Así, ha insistido en que Benavent tuvo un contrato laboral de la fundación, "de derecho privado", al cual él no contrató, y "era un eventual del gabinete". Ha señalado que a él se le pagaba la nómina desde la fundación a través de la firma de la secretaría autonómica.

"Benavent --ha añadido-- formaba parte de una unidad especial, del gabinete del conseller. Al ser un adscrito al gabinete del conseller, por voluntad del propio conseller, no tenía espacio en las oficinas de la fundación. Estaba adscrito porque me lo dijo él y fue evidente. Todo el mundo sabía que Marcos estaba en el gabinete", ha repetido.

No obstante, ha destacado que Benavent "claro" que ha ido a veces a la fundación: "Venía y ha venido conmigo a gestiones mandatadas por el conseller". Al respecto, ha explicado que el conseller estimó que Benavent estuviera con él como enlace con la fundación para la adquisición y traslado de un claustro de Madrid a València.

"El conseller --ha apuntado-- tenía mucho interés en traer a València un trozo patrimonial que estaba en Madrid, un claustro. Quedó encargado a la fundación, como otras cosas. Ese expediente conllevó multitud de viajes y Marcos me acompañó más de una vez".

Preguntado entonces por el motivo por el que en instrucción afirmó que Benavent no iba a trabajar y que no había hecho nada en la fundación, ha dicho que eso lo matizó. "A mí se me perseguía por otro tipo de cosas y fue a defenderme de eso. Dije lo que dije como argumento de defensa pero dije la verdad. Este señor estuvo siempre en el gabinete del conseller, no dije mucho más allá", ha apostillado.

Así mismo, el acusado ha afirmado que no se pagaba a Benavent por otros conceptos que no fueran su nómina "monda y lironda", "sin complementos ni nada", y ha negado que hubiera mandado alguna vez al exgerente de Imelsa a recoger dinero de algún empresario. "Ya lo negué. No", ha dicho.

Por último ha lamentado que había sufrido mucho a lo largo de la causa: "Mi hijo se quedó huérfano porque su madre se suicidió por esta causa, por estas cosas. Ya está bien. Tengo 61 años y entonces tenía 38. Todo lo que se dice de mí es por terceros, ni siquiera se investigó más sobre mí ni se me quitó el pasaporte. Esto ha causado mucho dolor", ha concluido.

CUESTIONES PREVIAS

La vista por la pieza E ha arrancado este lunes con las cuestiones previas y, en ese momento, los abogados de los acusados han alegado prescripción del delito y diferentes nulidades en registros de domicilios y empresas.

En concreto, el abogado de Benavent ha impugnado la investigación llevada a cabo por Rosa Pérez, quien aportó un pendrive a la Fiscalía con diferentes grabaciones e imágenes que han sido cuestionadas y que originaron el procedimiento. Así mismo, este letrado ha pedido la nulidad del auto de entrada y registro de fecha 25 de enero de 2016 referido a la entrada al domicilio particular de Alcón, el resto de empresarios acusados y la Fundación Jaume II.

Por su parte, el abogado de Vicente Burgos ha alegado prescripción del delito imputado a su representado puesto que entiende que ya han transcurrido los 10 años que contempla la ley. Esta misma prescripción también ha sido defendida por los letrados de los otros tres empresarios acusados en la causa.

Frente a ello, la Fiscalía ha defendido la validez de las grabaciones aportadas por Rosa Pérez y los registros efectuados tanto en domiiclios como en empresas. Así mismo, ha negado cualquier tipo de prescripción y ha recordado que Benavent "estaba cobrando sin estar trabajando". La Sala ha expuesto, tras estudiar los argumentos, que las peticiones y nulidades se abordarán en la sentencia.