ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministerio fiscal mantiene la pena solicitada para el acusado de amenazar de muerte a varias personas a las que prestó dinero, con la intención de que le pagarán un incremento de efectivo por retrasos en la devolución de los créditos. El acusador público pidió para Rafael P.G. --miembro del clan de los Capito-- un total de cinco años y ocho meses de prisión por dos delitos de amenazas condicionales y solicitó al jurado que emitiese un veredicto de culpabilidad.
En la última sesión de la vista con jurado popular celebrada en la Audiencia Provincial de Alicante, la fiscalía elevó a definitivo su escrito de acusación provisional, por lo que solicitó para el procesado una pena de cuatro años de prisión por un delito de amenazas condicionales, en las que consiguió su propósito, y 20 meses de cárcel por el mismo delito, en el que no consiguió su propósito. Por su parte la defensa pidió al jurado que consideren al acusado "no culpable", puesto que "no existen pruebas que determinen que el procesado sea autor" de los hechos que se le imputan.
Durante la exposición de sus conclusiones definitivas, el fiscal se dirigió al jurado para señalar que "el acusado es un peligroso prestamista de la mafia, que se hace llamar Rafael 'el bizco', y pertenece al clan de los Capito", y que se dedica a "prestar dinero con intereses abusivos, pidiendo más dinero con amenazas de muerte" si había retrasos en los pagos, y todo ello "bajo la ley del silencio".
Asimismo, el acusador público destacó al jurado "las contradicciones y mentiras" del acusado durante su declaración y señaló a sus miembros que los perjudicados que denunciaron en su momento al procesado "no han mantenido su versión y lo han exculpado" en la vista "por miedo al acusado".
Por su parte, la defensa se dirigió al jurado para indicarles que "no se está juzgando el pasado del procesado, ni el pasado de su familia, sino lo que se ha probado durante la vista" celebrada ayer y hoy. En este sentido, el letrado indicó que "no ha existido prueba que determine que el acusado sea autor de los delitos que el fiscal" le imputa, por lo que pidió al jurado que emita un veredicto de "no culpabilidad".
Rafael P.G., en su turno de última palabra, aseguró que había sido víctima de una estafa por parte de una persona a la que le dejó dinero y que "ha montado todo este lío para no pagarme". Asimismo, afirmó que "no ha amenazado de muerte a nadie".
