Fiscalía pide 8 años de cárcel para Costa y Rambla por financiación irregular del PPCV

Actualizado 13/02/2015 13:43:34 CET
Costa (izq) y Rambla (dcha) en imágenes de archivo
Foto: EUROPA PRESS

VALENCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

  Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Corts Vicente Rambla y Ricardo Costa por tres delitos electorales en 2007 y 2008 y otro delito de falsedad documental en relación con una presunta financiación irregular del partido, investigada dentro del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El ministerio público reclama la misma pena de prisión para el que fuera vicesecretario general del PPCV desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008 y diputado 'popular' David Serra; y para la administradora de la candidatura del PP en las elecciones de 2007 y gerente regional del partido desde 1995 Cristina Ibáñez.

Así se desprende de la calificación fiscal de las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, en las que hay procesadas 20 personas por delito electoral, falsedad y delito fiscal. Sin embargo, el ministerio público ha dejado fuera de su escrito al empresario José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras, con lo que acusa a 19 personas.

En total, los procesados del PPCV son cinco: Rambla, Costa --quien fue exvicesecretario general del partido desde 2004 hasta junio de 2007 y después secretario general--, Serra, Ibáñez y Yolanda García. Esta última fue exgerente del partido y para ella el fiscal pide una pena de seis meses de prisión como "cómplice" del delito electoral de las Elecciones Generales de 2008.

Así mismo, junto a ellos, el fiscal dirige su escrito provisional contra nueve empresarios y cinco integrantes del denominado Grupo Correa. Respecto a este último, el ministerio público solicita una pena de 27 años de cárcel para Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', responsable de Orange Market; otros 19 años y medio para Cándido Herrero --consejero delegado de Orange--; 24 años y medio para Pablo Crespo --número dos de la trama-- y Francisco Correa --principal responsable de empresas como Orange o Special Events--; y otros 17 años y medio para el empresario José Ramón Blanco Balín.

En cuanto a los empresarios, solicita cinco años de cárcel para los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna --de Hormigones Martínez y porteriormente CHM Obras e Infraestructuras--; seis años para Enrique Gimeno --por Facsa--; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; y Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--. Y otros cuatro años de cárcel para Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; y Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--, sobrino del expresidente de las Corts, Juan Cotino.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama una indemnización total para la Hacienda Pública de 2.404.765,87 euros por las cuotas defraudas por el delito de defraudación del Impuesto de Sociedades e IVA de Orange Market y de Álvaro Pérez cometido entre los años 2005 y 2008.

"APROVECHÓ" NEGOCIO CON PPCV

El fiscal recuerda en su escrito cómo Correa creó y controló un grupo de empresas que llegó a extenderse a Valencia, donde "aprovechó" las posibilidades de negocio mediante el acceso a "determinadas personas" que desarrollaban su actividad política en el ámbito de la Comunitat "con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos".

Fue a finales de 2006 cuando el PPCV contrató a Orange Market S.L. para preparar la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales que iban a celebrarse en mayo del año siguiente. En concreto, tanto Rambla como Costa fueron los que --apunta el ministerio público-- encargaron a 'El Bigotes' una labor preparatoria.

En el desarrollo del plan de campaña, los acusados "no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente". Así mimo, el fiscal indica que con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados del PPCV, cada uno en sus distintas funciones, contrataron a Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, estos pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad.

En total, de los procesos electorales de 2007 y 2008, la única cuantía declarada por Orange Market y por el PPCV fue de 175.000 euros, correspondiente a la organización de actos con motivo de las elecciones autonómicas. Sin embargo, el fiscal entiende que fue "muy superior" el servicio que el aprtido encargó y recibió de esta empresa. Una parte de estos servicios los facturó otra de las sociedades del Grupo Correa.

Los servicios prestados por Orange al PPCV con motivo de las elecciones de 2007 que no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria son, al menos, 78.878,33 euros en las elecciones municipales y 1.155.231,43 euros en las autonómicas. Así mismo, los servicios prestados por la mercantil en las elecciones de 2008 que no se contabilizaron ni declararon ascienden a 801.810,56 euros.

EMPRESARIOS QUE SALDAN DEUDAS

Por otro lado, el fiscal considera que se infringió la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas. De esta forma, algunos grupos empresariales, que tenían contratos con las Administraciones públicas, abonaron determinadas cantidades a Orange en forma de donación al PPCV.

Así, los empresarios realizaron distintos pagos a Orange por trabajos que realmente no se habían producido y que sirvieron para sufragar la deuda que mantenían los 'popular' con esta sociedad mercantil por sus trabajos en Valencia.

Varias de estas empresas declararon ante la Agencia Tributaria los pagos de los supuestos servicios prestados por Orange Market, obteniendo con ello una indebida deducción en el Impuesto sobre Sociedades y repercusión en el IVA que no llegó a generar, aisladamente considerada, una ocultación superior a 120.000 euros anuales.

En concreto, Piaf S.L. entregó al PPCV en 2007 la cantidad de 26.912 euros; y en 2008, 4.400 euros. Facsa y Aguas de Castellón pagó 150.000 euros en 2007 y 200.000 euros en 2008; Grupo Vallalba S.L., CHM Obras e Infraestructuras S.A. y Padelsa Infraestructuras S.A. abonó un total de 199.520 euros; Luis Batalla S.A. y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios S.L. pagaron 110.200 euros; Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A., perteneciente al Grupo Ortiz, abonó 348.115 euros para la campaña de las Elecciones Generales de 2008; y Sedesa pagó por este mismo concepto 150.684 euros.

Por otro lado, a lo largo de los años 2007 y 2008, el PPCV encargó igualmente otros servicios a Orange de organización de actos no electorales. Parte de estos servicios se abonaron también fuera del circuito legal del dinero y no se contabilizaron, por importe de 508.051,40 euros en 2007 y 918.012,44 euros en 2008.

Los gestores de Orange decidieron que esta mercantil presentara sus declaraciones por los Impuestos de Sociedades y sobre el Valor Añadido de conformidad con la apariencia creada para cubrir irregularidades. Por ello, omitió en sus declaraciones contables y tributarias los ingresos y gastos que en virtud del acuerdo entre éstos y los acusados vinculados al PPCV habían quedado al margen del circuito financiero legal, e incluyó los derivados de su supuesta relación comercial con las empresas que le habían pagado sin correlativa prestación de servicios.

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